L D (EFE) Tanto Errea, de 33 años, como Larraz, de 31, han rechazado todos los cargos que se le imputan por hechos de 2003 y 2005. Su defensa, que ha recusado al presidente del tribunal, el juez Philippe Vandingenen, por supuesta falta de imparcialidad, ha denunciado, por su parte, la voluntad de la justicia francesa de "incriminar" el trabajo de los abogados que defienden a etarras.
El juicio, que arrancó el martes con un día de retraso por cuestiones de procedimiento, ha estado salpicado de incidentes, que motivaron incluso la intervención en persona del presidente del Colegio de Abogados de París, Yves Repiquet, ante la Corte. El fiscal Bourlès justificó su petición de pena contra Errea y Larraz por considerar probado que son "cómplices de asociación de malhechores con fines terroristas por ayuda o asistencia".
El delito de asociación de malhechores con fines terroristas está penado en Francia con un máximo de 10 años de cárcel. Errea hizo ocho meses de prisión preventiva en el marco de este sumario, mientras que Larraz sólo fue sometida a control judicial.
"Errea y Larraz han transmitido documentos a activistas detenidos y lo han hecho de forma consciente, decidida por ETA y con fines específicos", afirmó el fiscal. Para ambos, pidió además diez años de prohibición de residencia en Francia y de ejercicio de la profesión.
Bourlès considera demostrado que "transmitieron y comunicaron en total ilegalidad y en violación de toda regla deontológica" documentos internos "operacionales" de ETA a cuatro de sus clientes.
Se trata de la integrante del Comité de Dirección de ETA Ainhoa Múgica Goñi (36 años), del presunto ex miembro del aparato político de la banda José María Otegi Arrugueta (33) y de las presuntas activistas Miren Aitzane de Orcolaga Echaniz (51) y la francesa Laurenxa Beyrie (31).
Contra estos cuatro, que comparecen detenidos, el fiscal demandó una condena que "no sea inferior" a seis años de prisión y una prohibición definitiva de residencia en Francia. Pidió expresamente al tribunal que tenga en cuenta al dictar la condena contra ellos que continuaron su actividad delictiva en las prisiones francesas después de ser detenidos por terrorismo.
Bourlès hizo hincapié en que la mayor parte de los hechos juzgados se produjeron en 2003, "cuando las acciones terroristas" de ETA "estaban en lo más alto", y citó dos atentados que produjeron varias víctimas mortales, entre ellas una niña de seis años. "Desde el que puso la bomba hasta el que transmitió los documentos en prisión lo sabía y tenía conciencia" de ello, subrayó.
El caso de Errea y Terrel pone en evidencia, a su juicio, que "algunos" abogados participan en la "transmisión operacional" de documentos entre la banda y los presos "para permitir a ETA continuar con su actividad". "Las personas que transmiten los documentos no pueden ignorar que participan o ayudan a la acción terrorista de ETA con pleno conocimiento de causa", sentenció el fiscal.
Bourlès detalló el funcionamiento de la estructura del aparato político de ETA que se encarga de los terroristas encarcelados y que se conoce como "H" o "HALBOKA", y cuya principal labor sería la de "asegurar el mantenimiento de las relaciones de ETA con los presos".
Esa conclusión, el fiscal la saca de documentación incautada entre 2002 y 2004 a dirigentes de ETA detenidos en Francia, así como de los documentos intervenidos a los cuatro presos juzgados junto a Errea y Larraz, tras entrevistarse con ellos en prisión. Tras el alegato de la defensa, ejercida por varios abogados, el tribunal dejará el caso visto para sentencia.
El juicio, que arrancó el martes con un día de retraso por cuestiones de procedimiento, ha estado salpicado de incidentes, que motivaron incluso la intervención en persona del presidente del Colegio de Abogados de París, Yves Repiquet, ante la Corte. El fiscal Bourlès justificó su petición de pena contra Errea y Larraz por considerar probado que son "cómplices de asociación de malhechores con fines terroristas por ayuda o asistencia".
El delito de asociación de malhechores con fines terroristas está penado en Francia con un máximo de 10 años de cárcel. Errea hizo ocho meses de prisión preventiva en el marco de este sumario, mientras que Larraz sólo fue sometida a control judicial.
"Errea y Larraz han transmitido documentos a activistas detenidos y lo han hecho de forma consciente, decidida por ETA y con fines específicos", afirmó el fiscal. Para ambos, pidió además diez años de prohibición de residencia en Francia y de ejercicio de la profesión.
Bourlès considera demostrado que "transmitieron y comunicaron en total ilegalidad y en violación de toda regla deontológica" documentos internos "operacionales" de ETA a cuatro de sus clientes.
Se trata de la integrante del Comité de Dirección de ETA Ainhoa Múgica Goñi (36 años), del presunto ex miembro del aparato político de la banda José María Otegi Arrugueta (33) y de las presuntas activistas Miren Aitzane de Orcolaga Echaniz (51) y la francesa Laurenxa Beyrie (31).
Contra estos cuatro, que comparecen detenidos, el fiscal demandó una condena que "no sea inferior" a seis años de prisión y una prohibición definitiva de residencia en Francia. Pidió expresamente al tribunal que tenga en cuenta al dictar la condena contra ellos que continuaron su actividad delictiva en las prisiones francesas después de ser detenidos por terrorismo.
Bourlès hizo hincapié en que la mayor parte de los hechos juzgados se produjeron en 2003, "cuando las acciones terroristas" de ETA "estaban en lo más alto", y citó dos atentados que produjeron varias víctimas mortales, entre ellas una niña de seis años. "Desde el que puso la bomba hasta el que transmitió los documentos en prisión lo sabía y tenía conciencia" de ello, subrayó.
El caso de Errea y Terrel pone en evidencia, a su juicio, que "algunos" abogados participan en la "transmisión operacional" de documentos entre la banda y los presos "para permitir a ETA continuar con su actividad". "Las personas que transmiten los documentos no pueden ignorar que participan o ayudan a la acción terrorista de ETA con pleno conocimiento de causa", sentenció el fiscal.
Bourlès detalló el funcionamiento de la estructura del aparato político de ETA que se encarga de los terroristas encarcelados y que se conoce como "H" o "HALBOKA", y cuya principal labor sería la de "asegurar el mantenimiento de las relaciones de ETA con los presos".
Esa conclusión, el fiscal la saca de documentación incautada entre 2002 y 2004 a dirigentes de ETA detenidos en Francia, así como de los documentos intervenidos a los cuatro presos juzgados junto a Errea y Larraz, tras entrevistarse con ellos en prisión. Tras el alegato de la defensa, ejercida por varios abogados, el tribunal dejará el caso visto para sentencia.