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La etarra Aranalde sale de la cárcel tras pagar su fianza

La etarra Maite Aranalde Ijurco abandonó este jueves la cárcel de Soto del Real después de haber abonado su fianza. Esta mañana, la Audiencia Nacional prohibió el acto de homenaje que los proetarras le estaban preparando en la localidad guipuzcoana de Ibarra.

La etarra Maite Aranalde Ijurco abandonó este jueves la cárcel de Soto del Real después de haber abonado su fianza. Esta mañana, la Audiencia Nacional prohibió el acto de homenaje que los proetarras le estaban preparando en la localidad guipuzcoana de Ibarra.

Aranalde Ijurco, extraditada por Francia el pasado martes para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como colaboradora del grupo Donosti de ETA, deberá comparecer semanalmente en comisaría y no podrá abandonar el territorio nacional, por lo que el juez le ha retirado el pasaporte.

Pese a estar acusada en España en varios procesos judiciales, la etarra abandonó la prisión madrileña ya que Francia de momento sólo concedió su extradición por la causa en la que se la imputa el delito de tenencia de explosivos, por la que previsiblemente será absuelta, ya que la Audiencia Nacional declaró inocente en 2007 a un coimputado, Iker Olabarrieta, al que se atribuían los mismos hechos.

Esa es la razón por la que Velasco rechazó el miércoles adoptar contra ella una medida cautelar más contundente como sería la prisión provisional, que sí podría haberse acordado en otra de las causas en las que está imputada –la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004– de haber llegado la documentación de Francia.

La Audiencia Nacional está ahora a la espera de que las autoridades francesas resuelvan la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada contra la etarra por estos hechos, momento en el que sería citada de nuevo ante el juez y previsiblemente la Fiscalía pedirá su ingreso en prisión.

Francia perdió la euroorden

El Tribunal de Apelación de París, que tramita la Orden Europea de Detención y Entrega (OED) librada por la Audiencia Nacional contra la etarra Maite Aranalde no localiza la documentación de esa orden.

Así lo confirmaron este jueves fuentes fiscales, que precisaron que la "pérdida" de esos documentos hará que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno –que sustituye en vacaciones a su compañero Santiago Pedraz, instructor de la causa– tenga que enviar de nuevo a Francia la OED contra Aranalde.

Las fuentes consultadas señalaron que la orden de detención y entrega fue cursada correctamente desde la Audiencia Nacional –al igual que las relativas a las otras causas que tiene pendientes en este tribunal, han subrayado–, y que la misma Corte de Apelación de París había confirmado su llegada.

Es en este momento, añadieron las fuentes, cuando se pierde la documentación, lo que prolongará la respuesta de Francia sobre Aranalde.

Si hubiera llegado la documentación de Francia sobre la OED por el delito de estragos terroristas relacionado con la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004, Moreno hubiera podido decretar el ingreso en prisión provisional de Aranalde ya que la Fiscalía hubiera solicitado esta medida cautelar.

Prohibido su homenaje

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Moreno, que se encuentra de guardia esta semana, adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía, que la mañana de este jueves pidió la prohibición del acto al considerar que estaba organizado por la formación ilegalizada Askatasuna y que "se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a sus militantes con ocasión de su excarcelación".

El magistrado asume los argumentos del Ministerio Público y considera que de celebrarse dicho acto se estaría cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo .

Según el escrito de la Fiscalía, del informe aportado por la Policía se desprende que el homenaje convocado en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, "como única pretensión", enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas, lo que supone un delito de enaltecimiento del terrorismo.

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