En un escrito remitido este lunes al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, el fiscal Marcelo de Azcárraga considera que la actuación de los controladores podría ser constitutiva de un delito de contra el tráfico aéreo en su variante de sedición, aunque solicita al magistrado instructor que archive las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional y envíe la demanda a la Fiscalía Provincial de Madrid.
El fiscal defiende que "el abandono colectivo y presuntamente concertado de sus puestos de trabajo" por parte de los controladores aéreos de determinados aeropuertos españoles está tipificado en el artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que "castiga como reos de sedición a los empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo".
Sin embargo, pone de relieve la "falta de competencia" de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, ya que el tipo delictivo investigado "no tiene encaje" en los atribuidos a este tribunal en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). "Considerando el carácter improrrogable de la jurisdicción penal y la doctrina jurisprudencial que impone una interpretación restrictiva del ámbito competencial de dicho órgano, se ha de concluir en la falta de competencia para conocer de tales hechos", argumenta.
El representante del Ministerio Público también aprovecha su escrito para poner de relieve "lo lacónico" de la denuncia presentada por la OCU, ya que en ella, según destaca, "ni siquiera se especifica la localización de los puestos de trabajo supuestamente abandonados por los denunciados", lo que impide determinar el lugar donde se produjo el delito.
Los controladores aéreos que desde el pasado jueves han sido citados en la Fiscalía de Madrid, entre ellos los ocho que han comparecido este lunes, se han negado a declarar argumentando que se encuentran bajo jurisdicción militar y que no hablarán hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos que interpusieron contra la actual situación en que se encuentran, informaron fuentes jurídicas.
La demanda de la OCU está dirigida contra la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) por la comisión de un delito contra el tráfico aéreo en su variante de sedición porque, a su juicio, fue este colectivo el que instigó el paro que provocó el cierre del espacio aéreo.
El escrito de la OCU, que será estudiado por el juez Ismael Moreno, defiende que la actuación de los controladores constituye una "huelga ilegal" que llevó "al caos a todo el país", al provocar la cancelación de 2.710 vuelos y afectó a cerca de 600.000 pasajeros.
Esta asociación entiende que el "abandono masivo" de los controlares obedece a una huelga encubierta "claramente dirigida". "Parece obvio que los controladores siguieron indicaciones para no acudir a sus puestos de trabajo", decía en su escrito antes de mencionar que la actitud de estos trabajadores podría encajar también en la comisión de un delito de coacciones contra los intereses turísticos y contra miles de pasajeros.
De igual modo, la OCU cree que los controladores que presentaron informes médicos sin justificación "podrían haber incurrido en un delito de falsificación de documentos públicos y privados. También pedía a la Audiencia Nacional que citara a declarar en calidad de testigo al presidente de AENA y que el tribunal obtuviera un listado de los controladores que no acudieron a su puesto de trabajo.