L D (Agencias) El fiscal Ignacio Gordillo redactó su escrito el pasado miércoles y lo remitió a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, que condenó al terrorista en noviembre de 2006 a 12 años y medio de cárcel por un delito de amenazas terroristas por la publicación de dos artículos en el diario Gara. En esta sentencia, sin embargo, no se impuso al etarra la obligación de asumir ningún tipo de responsabilidad civil. Posteriormente, en febrero de 2007 el Supremo le rebajó la pena a tres años, al considerar que el delito que se ajustaba a su actuación era el de amenazas en concurso con enaltecimiento del terrorismo.
En todo caso, las citadas fuentes han indicado que la Fiscalía debería haberse dirigido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que fue la última que condenó a De Juana al pago de indemnizaciones a sus víctimas, en este caso por el atentado en 1986 en la plaza de la República Dominicana, en el que fallecieron 12 guardias civiles y 60 personas resultaron heridas. Por esta acción criminal este tribunal le condenó tres años más tarde a una pena de 2.232 años de cárcel.
No obstante, la actuación de la Fiscalía no provocará efectos en la petición del embargo, ya que la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie por la solicitud en el mismo sentido que realizó la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que sí se dirigió a la Sección Tercera.
En su escrito, el Ministerio Público reclamaba a la Sala de lo Penal que embargue de forma inmediata y "preventiva" la vivienda que tenía la madre de De Juana en San Sebastián y que compró hace un año la actual mujer del preso etarra, Irati Aranzabal.
La aplicación de este embargo tiene el objetivo de compensar a las víctimas del terrorista en concepto de responsabilidad civil. Según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el etarra adeuda a los familiares de fallecidos o heridos a manos de ETA unos 8 millones de euros.