El Consejo General de la Abogacía denunció este viernes que las escuchas hechas en la cárcel de las conversaciones entre imputados del caso Gürtel, instruido por Garzón, y sus clientes suponía una vulneración de derechos fundamentales y un “atentado al estado de derecho”. Recordaban que este procedimiento está reservado a casos muy concretos, como casos de terrorismo o en los que existan sospechas fundadas de la implicación de los letrados.
Este domingo, El Mundo revela que, después de que esos diálogos fueran incorporados al sumario, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Baltasar Garzón que se eliminaran seis conversaciones. Una de ellas era claramente favorable a Francisco Camps: uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, le contaba a su abogado que no se podría demostrar que hubieran regalado trajes al valenciano “porque no es cierto”.
La Fiscalía, representada por Miriam Segura y Concepción Sabadell, consideraba que esta y las otras conversaciones, se referían “en exclusiva a las estrategias de defensa” y debían ser, por tanto, “excluidas del procedimiento”. La petición llegó el 6 de marzo, un día después del auto en que Garzón inculpaba a Camps.
Cuenta el diario que el 27 de marzo Garzón ordenó excluir “las transcripciones que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa” pero no hizo mención a alguna conversación en concreto. Al final, no se eliminó ningún diálogo y por ello salen ahora a la luz.
Según El Mundo, en algunas de las conversaciones que el fiscal pidió sacar se podía oír a Crespo apuntar que veía “prácticamente imposible que haya alguna factura que especifique el nombre de Paco Camps”. También le explicaba a su abogado que creía que si Camps “se hizo trajes allí, los habrá pagado él, de su bolsillo”.