El secretario general de Política Lingüística de la Generalidad, Bernat Joan (ERC), sostiene que el Ejecutivo autonómico mantendrá su política lingüística aunque el Tribunal Constitucional anule el artículo del Estatuto sobre la obligatoriedad de conocer el catalán, un recorte que tachó de "inaceptable e ilegítimo".

En declaraciones en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Joan aseguró que la Generalidad "ignorará" una eventual decisión judicial restrictiva "en todo los ámbitos en los que sea posible", como en la política de inmersión lingüística, que aseguró no sufrirá cambios en ningún caso. El Gobierno catalán aprobó la polémica Ley de Educación Catalana (LEC) amparándose en el Estatut, que sigue atascado en el Constitucional, y que en la práctica supone la eliminación de la educación en castellano.

El Estatuto, en concreto, dice en su artículo 6 que "el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español". Establece el "deber" de los ciudadanos de Cataluña de "conocer" el catalán.

Ante la posibilidad de que el TC declarara inconstitucional este punto, Joan afirmó que "puede haber problemas en espacios como la administración de justicia, donde los funcionarios se están formando en catalán porque creen que es obligatorio", matizó, y aseguró que la derogación del artículo sobre la obligatoriedad del catalán supondría "un frenazo" en la difusión de esta lengua en la administración pública.

Joan afirmó que sería un error "judicializar" la política lingüística, y encontrarse en una situación en la que los ciudadanos pudieran exigir prescindir del catalán en ámbitos en los que el Ejecutivo lo considera irrenunciable.

"Una sentencia como la que se prevé podría crear un alud de gente que exigiera en los tribunales educación en castellano para sus hijos, o que reclamara el derecho de poder funcionar en castellano en cualquier ámbito de la administración", aseguró, y consideró que esa situación sería muy negativa.

Declaró que el Gobierno estatal no ha "valorado lo suficiente" las consecuencias que tendría un "colapso de la política lingüística" en Cataluña, ya que juzgó que podrían producirse reacciones sociales e institucionales que quizás no serían las esperadas.

Además, aseguró que el TC es una "anomalía judicial que no debería existir" y negó su legitimidad para introducir cambios que minimicen una ley votada en referéndum.