L D (EFE) Así lo revela un informe del instituto armado entregado este martes por el Gobierno a la comisión parlamentaria de investigación del 11-M, en el que se asegura que la vigilancia de la citada vivienda se inició el 7 de marzo, después de recibir la llamada de una vecina a la que la presencia de varios individuos de origen árabe había causado sospechas.
Varios guardias civiles estuvieron controlando el lugar entre los días 7 y 10 de marzo, "no observando nada anómalo" en la conducta de las tres o cuatro personas de origen magrebí detectadas en la casa, llegando a la conclusión en esta última fecha de que "pudiera tratarse de trabajadores de manera ilegal".
Varios guardias civiles estuvieron controlando el lugar entre los días 7 y 10 de marzo, "no observando nada anómalo" en la conducta de las tres o cuatro personas de origen magrebí detectadas en la casa, llegando a la conclusión en esta última fecha de que "pudiera tratarse de trabajadores de manera ilegal".
El informe entregado señala que, en la mañana del 7 de marzo, una mujer llamó a la Guardia Civil y manifestó que en una propiedad próxima a la suya "ha observado durante largo periodo de tiempo un numeroso grupo de personas de origen árabe que pasaba por dicha finca", y que a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 "dejó de ser visitada". La mujer continuó diciendo que, en las últimas fechas, la casa volvía a ser frecuentada "por individuos de origen árabe, causándole sospechas esta forma de proceder".
El mismo día 7, un equipo del instituto armado se desplazó a la zona señalada, "observando –como señala el informe– a tres o cuatro personas de origen magrebí, no observando nada anómalo". Dos días después, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) se trasladaron hasta la finca y pudieron ver "a un individuo de raza árabe". También observaron la presencia de un vehículo y comprobaron su matrícula, constatando que pertenecía a una mujer de nacionalidad española sin antecedentes y que el coche no había sido denunciado.
"El día 10, de las gestiones realizadas no fueron observadas actitudes extrañas", prosigue el informe, que añade que "ante las primeras indagaciones se decide realizar nuevas vigilancias. La valoración es que pudieran tratarse de trabajadores de manera ilegal, por lo que procede determinar su volumen e identificar a sus habitantes y actuar en consecuencia".
El 16 de marzo, cinco días después de los atentados, los agentes se entrevistaron con la mujer que les había llamado el día 7, pero ésta "no aporta nada nuevo, salvo la circunstancia de que anteriormente residían niños y mujeres y que recientemente se habían marchado". Ese mismo día, la Guardia Civil tuvo noticia de que la Policía Nacional estaba realizando gestiones en Morata de Tajuña y San Martín de la Vega "sobre casas donde residían magrebíes y junto a un río", pero recibe esa información a través de los Ayuntamientos de la zona, "sin poder saber, por tanto, qué es lo que buscan".
"Con objeto de no interferir las posibles líneas de investigación de la Policía en la zona, y siguiendo así las instrucciones dadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, no se realiza entrevista con el propietario de la finca para conocer quienes residen", concluye el informe.
El mismo día 7, un equipo del instituto armado se desplazó a la zona señalada, "observando –como señala el informe– a tres o cuatro personas de origen magrebí, no observando nada anómalo". Dos días después, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) se trasladaron hasta la finca y pudieron ver "a un individuo de raza árabe". También observaron la presencia de un vehículo y comprobaron su matrícula, constatando que pertenecía a una mujer de nacionalidad española sin antecedentes y que el coche no había sido denunciado.
"El día 10, de las gestiones realizadas no fueron observadas actitudes extrañas", prosigue el informe, que añade que "ante las primeras indagaciones se decide realizar nuevas vigilancias. La valoración es que pudieran tratarse de trabajadores de manera ilegal, por lo que procede determinar su volumen e identificar a sus habitantes y actuar en consecuencia".
El 16 de marzo, cinco días después de los atentados, los agentes se entrevistaron con la mujer que les había llamado el día 7, pero ésta "no aporta nada nuevo, salvo la circunstancia de que anteriormente residían niños y mujeres y que recientemente se habían marchado". Ese mismo día, la Guardia Civil tuvo noticia de que la Policía Nacional estaba realizando gestiones en Morata de Tajuña y San Martín de la Vega "sobre casas donde residían magrebíes y junto a un río", pero recibe esa información a través de los Ayuntamientos de la zona, "sin poder saber, por tanto, qué es lo que buscan".
"Con objeto de no interferir las posibles líneas de investigación de la Policía en la zona, y siguiendo así las instrucciones dadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, no se realiza entrevista con el propietario de la finca para conocer quienes residen", concluye el informe.