Los tres miembros de la Guardia Civil que han declarado este miércoles ante el juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige Pablo Ruz, han ratificado el informe que aportaron el pasado día 11 a la causa y donde se señala que las cintas de las grabaciones del bar Faisán de Irún fueron manipuladas. Sin embargo, continúan las dudas sobre si esa manipulación se produjo de forma malintencionada o, por el contrario, si se debió a una negligencia.
Según fuentes presenciales en el interrogatorio, los miembros del Instituto Armado han explicado al magistrado cómo se ha realizado esa pericia y cómo se ha llegado a la conclusión de que los cortes que contienen los vídeos del soplo no fueron "accidentales".
Con el objetivo de esclarecer el caso, Ruz encargó este examen a la Guardia Civil para contrastar el informe realizado el 23 de noviembre de 2009 por la Sección de Tecnología de la Imagen de la Comisaría General de Policía Científica, que sostenía que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro".
Lo cierto es que el bar Faisán tenía "dos entradas" y, según fuentes fiscales, la cámara policial "sólo enfocaba la entrada principal". Sobre la puerta trasera habría habido una cámara móvil grabando en determinados momentos de la investigación, pero debido a que ésta se prolongó durante más de diez años -las pesquisas judiciales sobre la red de extorsión de ETA llevada a cabo por la Audiencia Nacional duró una década- y los costes que suponían dichas grabaciones no consta que el 4 de mayo de 2006 hubiera ningún operativo policial grabando la puerta trasera del establecimiento de Joseba Elosúa.
Sobre la puerta que sí se estaba filmando, el Instituto Armado señala que la grabación se paró en el mismo momento en que se produjo la filtración, lo que apuntaría a que fue realizada por algún miembro del equipo conjunto de investigación. Todavía se desconoce si ese "parón" fue malintencionado o se produjo de manera negligente. Quizás la única forma de averiguar este dato sea tomando declaración al operador de la cámara que grabó aquel día el soplo. Fuentes personadas en este procedimiento han apuntado que pedirán nuevas diligencias encaminadas a esclarecer esta manipulación.
Por su parte, también han declarado este miércoles ante el instructor Ruz los dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía que formaba parte del grupo encargado de realizar la otra prueba pericial sobre el mismo vídeo que contiene los pasajes en negro que evitan ver quién dio la filtración al dueño del establecimiento Faisán, Joseba Elosúa.
En su escrito aportado al sumario, la Policía Científica sostuvo en 2009 que los cortes de las grabaciones se podrían haber producido por "agentes externos, accidentalmente o por deterioro". De esta forma, aunque no se descartaba que los negros fueran causa de la manipulación tampoco se apuntaba a esta hipótesis como la razón principal para haberse evitado que el vídeo grabara el momento de la filtración. Es decir, cuando una persona entra en el bar Faisán y le pasa un teléfono a Elosúa para avisarle de que las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas van a detener a miembros de ETA. De esta forma, las contradicciones entre la Guardia Civil y la Policía se mantienen vigentesa día de hoy.
En la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros. Las acusaciones populares la ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Partido Popular (PP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.