El PP presenta una nueva querella contra 26 implicados en los ERE

El Partido Popular andaluz presentó ayer una querella en la que acusa a 26 personas, entre los que figuran ex altos cargos y altos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios y beneficiarios de pólizas irregulares relacionadas con expedientes de regulación de empleo. El PP andaluz considera en su querella que pueden haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles.

La querella se presenta contra el consejero de Empleo, Antonio Fernández; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor; el actual director general del Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También figuran como querellados Juan Lanzas, comercial de Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos; Antonio José Albarracín, director general de Vitalia; Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia; Francisco José González, comercial de Vitalia, y José González Mata, administrador de Uniter S.L. e Ingotor Seguros S.L.

Asimismo, la querella se dirige contra María del Carmen Fontela, José Acevedo López, José Antonio Márquez Sánchez, José Antonio García Prieto, Juan Manuel López Espadas, Ricardo Medina Barrios, Patrocinio Sierra García, María José Martínez Elvira, Nieves Ruiz Pérez, Rafael Rosendo Villavieja, Alejandro Millán Torres, Juan Antonio Rodríguez Cordobés, Victorina Madrid Pisabarro, Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez, al aparecer beneficiarios en pólizas de seguros de rentas financiada por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, con cargo al programa 3.1.L. de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y contratadas para los ex trabajadores de distintas empresas en las que nunca han trabajado. Por último, la querella de dirige también contra todos aquellos que pudieran resultar implicados en los hechos como resultado de la investigación que se realice por el Juzgado.

La querella sitúa el origen de los hechos en el convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). En este sentido, señala que "al objeto de solventar los problemas de legalidad de las subvenciones concedidas a empresas... se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía".

Este convenio se suscribió el 17 de julio de 2001 por el entonces Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el Presidente del entonces Instituto de Fomento de Andalucía, Antonio Fernández García, en su condición de viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico. El plazo de duración del convenio se fija hasta el 31 de diciembre de 2003 y a pesar de ello el IFA-IDEA ha seguido haciendo frente a las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos hasta la fecha.

La querella sostiene que para la financiación de este sistema, los presupuestos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, de 2001 a 2009 incluyen partidas presupuestarias con la denominación de transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA, dentro del programa 31L u otros equivalentes. El volumen total de fondos transferidos desde 2000 hasta 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.

Explica asimismo que "las transferencias de financiación son aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas o Entes Públicos que se destinen a financiar globalmente la actividad del ente receptor de la transferencia, sin contrapartida directa de éste y no resulten de una convocatoria pública. No obstante, anualmente y en cumplimiento del convenio marco y de los convenios particulares, se ejecutaban estas partidas presupuestarias para la concesión de subvenciones de todo tipo"

Así, la querella recoge que "realizadas las transferencias de financiación al IFA-IDEA, este organismo de acuerdo con la Dirección General de Trabajo ha venido pagando subvenciones para el pago de primas de pólizas de seguros mediante las que se aseguraban las rentas de los trabajadores acogidos, o no, a expedientes de regulación de empleo hasta su edad de jubilación, subvenciones a ayuntamientos, subvenciones a empresas y subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, sin que se haya seguido procedimiento administrativo alguno".

Agrega que "el IFA-IDEA ha materializado pagos y la Junta de Andalucía ha concedido subvenciones públicas contraviniendo los procedimientos recogidos en la Ley General de Hacienda Pública y habilitados para dichos fines e incumpliendo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación en el otorgamiento de subvenciones".

La querella del Partido Popular andaluz hace asimismo un análisis del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, su liquidación, los programas de actuación, inversión y financiación del IFA-IDEA y sus cuentas anuales en relación con el programa 3.1.L De este análisis deduce que "las transferencias recibidas han sido tratadas por el IFA en los PAIF como si fueran propiamente transferencias corrientes y no como una intermediaria en virtud de los convenios suscritos" y que "el IFA-IDEA falsea la aplicación de las transferencias en el documento y de esa manera oculta la verdadera aplicación, y no pone de manifiesto la irregularidad del tratamiento".

También se destaca que "se han detectado importantes diferencias entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de la Consejería de Empleo y las incluidas en los PAIF. El total asciende al menos a 170.087.451 euros".

Por otro lado, la querella alude a la imposibilidad de distribuir subvenciones excepcionales a través de entidades colaboradoras, según la Instrucción 5/1997 de la Intervención General de la Junta de Andalucía que señala que de acuerdo con el artículo 106 de la Ley General de Hacienda Pública, la entrega y distribución de fondos públicos a los beneficiarios, a través de una entidad colaboradora, se efectuará dentro del contexto de unas bases o normas reguladoras de las subvenciones o ayudas, por lo que dicha entrega no podrá realizarse a través de subvenciones con carácter excepcional, ni tramitarse estas últimas a través de dichas entidades colaboradoras. Agrega el escrito que "en todo caso y pese a lo anterior, de utilizarse la entidad colaboradora para la distribución de fondos de subvenciones excepcionales, sería necesaria una fiscalización previa que nunca se ha producido".

También se recoge tanto la inexistencia de informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía como la evidencia de que no se ha producido la publicidad respecto de ninguna de las subvenciones concedidas por el Director General de Trabajo y Seguridad Social con cargo al programa 3.1.L.

Otro aspecto referido en la querella es la nulidad de la subvenciones otorgadas, puesto que "de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ya teniendo en cuenta lo anterior los actos del Director de Trabajo y Seguridad Social mediante los que se han otorgado las subvenciones son nulos de pleno derecho, por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, por haberse dictado por órgano administrativo manifiestamente incompetente y por ser constitutivos de delito".

La querella incluye también otras subvenciones con cargo al programa 3.1.L. de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, otorgadas "de manera arbitraria y totalmente discrecional a empresas dirigidas por destacados militantes socialistas y Ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista Obrero Español, sin que esos actos administrativos de concesión hayan sido resultado de un procedimiento administrativo para el otorgamiento de Subvenciones".

Por último, el escrito solicita la declaración en calidad de testigos de Manuel Gómez Martínez, Interventor General de la Junta de Andalucía en el momento de los hechos, a Ignacio García Revilla, Interventor delegado de Control Financiero Permanente de las Empresas Públicas en el momento de los hechos y a Francisco Vallejo Serrano, Ex consejero de Innovación Ciencia y Empresa y ex presidente de la Agencia de Innovación y desarrollo de Andalucía en el año 2005 y posteriores.

La juez admite parcialmente la querella de Manos Limpias

La juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Ayala, que investiga las irregularidades, acordó ayer admitir de manera parcial la querella presentada por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias señala como responsables del fraude al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía —que se incluyó en el ERE en una bodega jerezana con una fecha de ingreso que coincidía con el día de su nacimiento— y a Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta. Ambos están imputados en el proceso judicial.

Manos Limpias considera que cometieron delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa. Ayer mismo el PP-A registró también su anunciada querella contra 26 supuestos responsables del llamado «EREgate», que vendrá a ampliar a la del citado sindicato.

En la extensa lista de denunciados por Manos Limpias se encuentran dirigentes del PSOE como Antonio Rivas, ex delegado provincial de la Consejería de Empleo y secretario del mismo ramo en la Ejecutiva provincial del PSOE sevillano; a Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla); a Ricardo Medina, ex secretario de Política Municipal del PSOE de Camas; a Juan Manuel López Espada, miembro de la agrupación socialista de Camas; y al responsable de la actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (antiguo IFA).

La «macroquerella», la llama ABC, alcanza también a los responsables de más de treintena de empresas que «se han beneficiado» de las ayudas de los ERE supuestamente irregulares o que actuaron como intermediarias, entre ellas, Altadis, Egmasa, Astilleros de Huelva, Hitemasa, Graficromo, Incosolm, Delphi o las empresas que mediaron en la gestión de las ayudas Vitalia y Hermes Consulting.

La magistrada sólo admitió la querella de Manos Limpias contra los imputados hasta la fecha en las presentes diligencias aunque no descartó en su auto que la instrucción «pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsables de los hechos». Igualmente rechazó adoptar «medidas cautelares sobre los bienes de los querellados» y exigir fianzas. 

El PSOE-A responde al ERE que ERE con "Gürtel"+"Gurtel"

La presidenta del PSOE-A, Rosa Torres dijo ayer que el PP presenta una querella sobre los ERE para «dañar y herir» la imagen de los socialistas y del Gobierno andaluz. El portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez acusó al PP de «intentar desgastar» la imagen del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán porque Javier Arenas «está manchado por el "Gürtel"».

El coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, opina que «aún queda mucha guita de la que tirar» en relación a la presunta gestión irregular de los ERE por parte de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y cree necesario llegar hasta el fondo del asunto «caiga quien caiga».

Por último, y muy curiosamente, CC.OO. aseguró ayer que no se personará en la causa y pidió que no se genere «incertidumbre» en los trabajadores afectados.