(Pedro de Tena) Con fecha 27 de junio de 2007, la Junta de Andalucía suscribió un Convenio de Colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), del Ministerio de Fomento, y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, para la realización de un estudio y dictamen sobre el proyecto de “Ampliación de la actividad de la mina de Aguas Teñidas, perteneciente a la empresa apoderada por Paula Chaves, con la construcción de una planta de tratamiento de mineral y un depósito de estériles”.

La Junta pagó por el estudio un total de 48.000 euros, IVA incluido, que fueron ingresados en la cuenta del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Banco de España, que fue quien realizó el estudio. Pero antes de que terminara el plazo para entregar el estudio, la Junta admitió la viabilidad de la subvención y Matsa la pidió, iniciando los trámites correspondientes.

MATSA se ahorró al menos esa cantidad porque el objeto del estudio, según la cláusula primera del convenio, era "el estudio sobre el proyecto de ampliación de la actividad de la Mina de Aguas Teñidas, que incluye la construcción de una planta de tratamiento de mineral y un depósito de estériles, y de otro el dictamen sobre la adecuación del proyecto a la normativa vigente en materia de seguridad."

Este convenio fue firmado antes de la petición de Minas de Aguas Teñidas de la subvención de la Junta, subvención que pidió antes de que el informe fuera concluido. Fue el 11 de octubre de 2007 cuando tuvo inicio el expediente con la solicitud de un incentivo directo a fondo perdido para la Construcción de una Planta de Tratamiento Mineral por Matsau ( nº registro: 21541).

Sin embargo, el estudio del Estado y de la Junta comenzó en septiembre de 2007 y tenía como plazo hasta fin de año para estudiar el proyecto de Minas de Aguas Teñidas. Parece imposible que el Ministerio de Fomento, regido por Magdalena Álvarez, terminara sus trabajos en poco más de un mes. Sin embargo, el 11 de octubre de 2007, la empresa ya había solicitado la subvención que exigía disponer del estudio de viabilidad y la Junta accedió a tramitar la misma el día 18, cuando previsiblemente no dispondría de dicho estudio que tenía como plazo hasta fin de año para ser entregado por el Ministerio. Además, y como ya hemos informado, la tramitación de esa subvención en aquella fecha era ilegal.

En la Orden de 19 de abril de 2007, vigente en aquel momento, establecía en su exposición de motivos: 

Art 4.4 “Sólo serán incentivables los proyectos del sector minero que consistan en inversiones en las labores de acceso a los yacimientos de las industrias extractivas con el propósito de iniciar su explotación, no incluyéndose las labores que se inicien en la fase de explotación del yacimiento. Asimismo serán incentivables los proyectos de mejora de las condiciones medioambientales o que promuevan la seguridad y la calidad de las explotaciones extractivas”

Vean el documento del Boletín Oficial del Estado de 17 de agosto sobre el convenio de colaboración suscrito en junio del mismo año:

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