Hace algo más de tres años, a principios de octubre de 2007, el Parlamento vasco celebró su primer pleno monográfico sobre las víctimas del terrorismo. Ese histórico día se aprobó un importante paquete de medidas para resarcir a las víctimas de la barbarie etarra, a la vez que se las pedía "pública y solemnemente perdón por el olvido" al que habían sido sometidas durante años.
En esa misma sesión, la mayoría nacionalista en la Cámara vasca –que en aquellos momentos sustentaba al último Ejecutivo regional de Juan José Ibarretxe– también aprovechó la ocasión para aprobar un mandato de la institución al Gobierno vasco para que elaborase y presentase un informe sobre las víctimas de la "violencia de motivación política" entre las que incluían a víctimas del GAL, el Batallón Vasco Español o de supuestos abusos policiales.
La consejería de Justicia del Gobierno vasco, que en aquellos años estaba dirigida por Joseba Azkarraga, dirigente de Eusko Alkartasuna y miembro del sector más proclive a llegar a acuerdos con Batasuna y su entorno, se puso rápidamente a trabajar en el citado informe, para lo que contó con la inestimable ayuda de partidos como Aralar, escisión de Herri Batasuna.
Meses antes de las elecciones autonómicas de 2009, que desalojarían a los nacionalistas del Gobierno vasco y llevarían a Patxi López a Ajuria Enea, el informe elaborado por EA y Aralar llegó a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco. Sin embargo, la burocracia interna y la cercanía de esas elecciones lo dejaron aparcado en un cajón.
Ese informe se mostraba excesivamente indulgente con ETA, ya que dejaba a entender que sus acciones terroristas venían como acción de respuesta a la violencia del Estado, llegando a hablar prácticamente de terrorismo de Estado. Asimismo, mostraba una imagen de la comunidad vasca muy similar a la que, por ejemplo, se dio en Irlanda del Norte, donde hubo dos comunidades enfrentadas que practicaron la violencia de formas diferentes. Si ETA actuaba venía a ser casi como respuesta a los ataques de las Fuerzas de Seguridad y grupos para-policiales patrocinados por el Gobierno central. Además, se incluía una lista de víctimas entre las que aparecían, por ejemplo, terroristas de ETA o dirigentes de Batasuna.
En diciembre de 2009, los nacionalistas se pusieron de acuerdo para intentar relanzar el informe sobre esta "violencia de motivación política". Como en la anterior ocasión, la Cámara vasca aprobó de forma unánime insistir en el mandato al Gobierno vasco. Esta vez, los votos del PP también estuvieron a favor de relanzar el informe. ¿La razón? Populares y socialistas no querían dar al nacionalismo la baza de que ambos partidos justifican o miran para otro lado ante las víctimas del GAL o el Batallón Vasco Español. Además, podían readaptar el informe aprovechando la nueva mayoría constitucionalista.
Dicho y hecho. El informe elaborado por el Ejecutivo de Vitoria llegará este miércoles a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca, donde será presentado públicamente por la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa. En él, no habrá ya rastro de justificación a ETA ni de ningún listado oficial de víctimas:
"Este reconocimiento se hace desde la estricta consideración de la existencia de vulneraciones de derechos humanos, rechazando con rotundidad el análisis que pretende presentar esta realidad como el enfrentamiento de dos violencias (ETA y el Estado) provocado por un conflicto político, las cuales se generan mutuamente sufrimiento en forma de víctimas. Conforme a esta teoría ambas violencias estarían justificadas precisamente por la existencia del citado conflicto político, lo cual convertiría a la acción de ETA en legítima".
"Es evidente que no se precisa censo alguno de personas afectadas por las vulneraciones de derechos humanos de las que hablamos para proceder al establecimiento de medidas que las reparen de su daño. Antes al contrario, aprobadas estas medidas habrán de ser aquellas personas afectadas las que inicien la tramitación del correspondiente expediente a través del cual serán reconocidas formalmente como tales víctimas, una vez acreditado suficientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto".
"La opción de incluir en el informe un listado de casos con las correspondientes identificaciones, llevaría consigo el riesgo de la incertidumbre respecto al valor jurídico de dicha inclusión".
El informe, que se divide en ocho secciones (justificación, objetivo, ámbito, contexto, marco teórico, derecho a la vida y la integridad: razones de una elección, categorías, y recomendaciones) define esta "violencia de motivación política" como "la que ejercen agentes del Estado o grupos para-policiales con cierto grado de organización, en un contexto de impunidad, con intención política y para amedrentar a la población", y recoge el reconocimiento de los vascos a todas las víctimas.
El mismo recoge tres etapas históricas. Una primera, entre 1968 y 1975, que recoge los incidentes producidos en los últimos años del Franquismo. Una segunda, desde 1975 hasta 1985, en la que se viene a decir que todavía hay cierta connivencia de los aparatos del Estado en esa vulneración de derechos –este punto será criticado por los representantes del PP en la comisión–. Y una última etapa que discurre desde 1985 hasta la actualidad, en la que se viene a decir que esa vulneración de derechos fue producida por funcionarios del Estado que no representaban a la Ley.
Por último, este informe propone la aprobación de una declaración pública que reconozca a estas víctimas de la "violencia de motivación política" y la creación de una ponencia en la Cámara de Vitoria que aborde la problemática de la reparación moral y económica a estas víctimas.