L D (Europa Press) Para González Pons, es un "hecho gravísimo" y "sin precedentes" que se cambien los criterios sin informar a los partidos políticos y que, además, no se haya publicado la nueva norma en el BOE hasta agosto de 2008, cinco meses después de las elecciones. Por ello, reclama a De la Vega que aclare si, como superior jerárquica de la Oficina del Censo Electoral, "influyó", en las modificaciones que se introdujeron.
Tras conocer la nota de la Oficina del Censo Electoral (OCE) y la Resolución Interpretativa de 31 de enero de 2008 sobre la rectificación del censo en período electoral en lo relativo a las reclamaciones por cambio de residencia, el vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Valencia ha afirmado que dicho comunicado "crea más dudas" y se pregunta "¿Qué sucedió para que la Oficina del Censo Electoral cambiara de criterio precisamente el 31 de enero y no antes de convocarse las elecciones?".
En este sentido González Pons asegura que "ellos mismos muestran en la Resolución de 31 de enero que hay ocho sentencias judiciales entre mayo y abril de 2007 para cambiar de criterio" y se pregunta "¿por qué no cambiaron de opinión antes de emitir la normativa para las elecciones?" y "¿por qué se esperan a finales de enero para emitir una resolución secreta que realiza una interpretación contraria a la que se da a los ciudadanos, todavía a día de hoy, en su web?".
González Pons ha considerado que "el empadronamiento de la vicepresidenta del Gobierno en Beneixida es cada vez más oscuro y cree que "con cada una de las explicaciones oficiales surgen más dudas". "Hace mucho tiempo dije que se empadronó para votarse a sí misma, pero en política no vale todo para obtener el objetivo", agrega el dirigente popular, quien considera que "De la Vega tenía garantizado su derecho a votar en Madrid, si tan valenciana se sentía, ¿por qué no se empadronó en Villa Elena hace años?. Así habría evitado la sensación de arbitrariedad y secretismo tan lejana de la forma de ser de los valencianos".
Según el vicesecretario de Comunicación, "el PP va a estudiar la dudosa legalidad de esta Resolución tan extraña y que se ha ocultado durante mucho tiempo". Además, apunta que la vicepresidenta del Gobierno, "beneficiada por la Resolución, es la superior jerárquica de la Oficina del Censo Electoral y todavía no ha aclarado si influyó o no en la redacción de esta atípica resolución que le beneficia". Para González Pons, es "impresentable el espectáculo que está dando Mª Teresa Fernández de la Vega sobre su empadronamiento, puesto que tuvo que votar en Beneixida con un certificado censal al mismo tiempo que estaba dada de alta en el censo de Madrid el día de las elecciones generales en el que se presentaba como candidata". "Si los políticos debemos predicar con el ejemplo, el suyo es muy difícil de entender", exclamó.
El vicesecretario de Comunicación se pregunta también "qué sucede con todos los ciudadanos empadronados entre el uno de noviembre y el uno de diciembre de 2007 que se rigieron por la normativa publicada, que se puede seguir consultando en la página del INE, y que no se beneficiaron del cambio de criterio al creer que la reclamación por cambio de residencia se desestimaría de oficio, como hasta el 31 de enero de 2008 sucedió en 155 las convocatorias electorales que ha habido en España".
En este sentido, González Pons ha indicado que "la Oficina del Censo Electoral debería haber beneficiado a todos los posibles afectados por el cambio de normativa y no sólo a los 309 que reclamaron porque se podría haber actuado de oficio sobre todos los empadronados y no aplicar la Resolución de una forma sesgada".
Según el vicesecretario de Comunicación, es "inconcebible" que hasta hoy el INE explique en su página web que el censo electoral vigente para las elecciones de nueve de marzo de 2008 es el cerrado a uno de diciembre con los movimientos incluidos hasta el uno de noviembre y no se encuentre en la web la Resolución de 31 de enero. "Hasta el 20 de marzo de 2009, un año después de las elecciones, no la hemos conocido y todo gracias a la denuncia de un medio de comunicación. Este cambio de criterio y tanto secretismo es muy sospechoso".
González Pons ha añadido que "este cambio de criterio sobre la fecha de cierre del censo electoral no se notificó a los partidos políticos, que se encontraban en la precampaña electoral, y lo que es más grave, no se facilitó a los partidos políticos un censo actualizado en el que se había realizado más de 300 movimientos, es decir, fueron votantes que no recibieron correctamente ni su tarjeta censal ni la propaganda electoral de los partidos que concurrían a los comicios".
Asimismo, el vicesecretario de Comunicación ha pedido explicaciones de por qué no se le dio la publicidad acostumbrada a este tipo de resoluciones "porque en su nota de prensa la Oficina del Censo Electoral reconoce implícitamente que se debería haber publicado en el BOE pero que no fue hasta agosto de 2008, cinco meses después de las elecciones, cuando el BOE recogió una nueva Resolución que incluía estos cambios de criterio".