Según cuenta Fernando Lázaro en El Mundo, los efectivos de la Comisaría General de Policía Judicial esperaban desde hace más de dos meses la orden de Interior para actuar contra el presidente de la Diputación de Alicante y contra el Ayuntamiento de Orihuela.

El ministro Rubalcaba tenía ultimada la actuación. Según Lázaro, judicialmente, el "corralito" lo tenía la policía bajo control y estaban esperando a que se les diera la orden que no llegaba. Las fuentes consultadas por el periodista de El Mundo reconoce que el despliegue era "muy descompensado".