La orden del juez fue que ambos cuerpos elaboraran por separado informes sobre las llamadas que se realizaron la mañana del chivatazo para así tener mayor información sobre uno de los mayores escándalos policiales.

La información de Fernando Lázaro y Manuel Marraco apunta que desde el principio de su investigación, la Guardia Civil recibió información falsa de la Policía. La primera fue la franja horaria en la que se realizó la llamada del chivatazo. A partir de ese momento, elaboró un informe con el análisis del tráfico de llamadas pero con un lapso de tiempo en el que no se había realizado aquella que se estaba investigando.

La participación de la Guardia Civil no duró mucho tiempo ya que cuando Baltasar Garzón volvió al juzgado, decidió que abandonara el caso, dejando al frente del mismo a Carlos G., un agente que presuntamente podría haber participado en el escándalo, según han señalado algunos sindicatos policiales.

El Mundo cuenta que en sus interrogatorios a los agentes, Garzón no se limitó a preguntar sobre sus llamadas con algunos etarras sino también quiso saber si habían tenido algún contacto con periodistas. Finalmente, el juez no recibió respuesta alguna ya que los propios interrogados no le vieron relación con el caso.