La sentencia del Estatuto de Cataluña está en sus manos. Se trata de la magistrada Elisa Pérez Vera, designada ponente por el Tribunal Constitucional (TC) para dirimir el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut.

Pérez Vera fue catapultada al TC desde la presidencia del Consejo Consultivo de Andalucía con el apoyo del PSOE. Desde este órgano en 1996 denunció la inconstitucionalidad de la cesión por el Estado a las Comunidades Autónomas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según Pérez Vera, se produciría la “explotación fiscal de unas CCAA por otras”.

En este sentido, uno de los puntos recurridos de la norma estatutaria por el PP se refiere a la obligación que incluye el Estatuto de que el Gobierno ceda el 50% del IRPF a Cataluña, tal y como, en efecto, ha ocurrido con la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Según informa el diario El Mundo, la magistrada elaboró un dictamen desde el Consejo Consultivo de Andalucía en el que animaba a la Junta de Andalucía a recurrir ante el TC el sistema de financiación autonómica que aprobó en 1996 el Gobierno de José María Aznar.

El escrito firmado por Elisa Pérez Vera -junto a otros tres magistrados del Consejo Consultivo andaluz- se oponía a la cesión de tramos del IRPF con capacidad normativa a las comunidades autónomas al considerar que tal decisión podría conducir a una ruptura del equilibrio constitucional entre los principios de unidad y autonomía, al hacer posible que las comunidades de mayor capacidad económica “condicionen la política estatal en un sentido potencialmente contrario no sólo al principio de unidad, sino también al principio de solidaridad”.

Por aquel entonces Pérez Vera sostuvo que “los impuestos, en general, constituyen un instrumento cualificado al servicio de la política económica y financiera, tanto a nivel del Estado como de las distintas comunidades autónomas que lo integran. Por ello, han de quedar supeditados al servicio de dichas políticas, pero, muy especialmente, han de servir como elemento de garantía a la unidad del orden económico nacional, fundamentada por el Tribunal Constitucional en diversos preceptos de la Constitución”.