LD (Agencias) El tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó las identificaciones erróneas de las víctimas del accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, ha condenado a tres años de prisión al principal acusado de la tragedia, el general Vicente Navarro.

De esta forma, el tribunal que presidió Javier Gómez Bermúdez, ha condenado a 3 años de prisión al máximo responsable y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles.

Además, el tribunal le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación a Navarro, mientras que los otros dos acusados han sido condenados en calidad de cómplices del primero. La sentencia -que las familias de los fallecidos han recibido con lágrimas de satisfacción, pero en la calle porque no se les ha permitido el acceso al tribunal- considera al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario, por lo que tendrá que hacer frente a las indemnizaciones que se fijen

Asimismo, la decisión judicial, notificada este martes por la Sección Primera de la Sala de lo Penal sin lectura pública, impone también seis meses de multa para Navarro. Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.

No obstante, Navarro no ingresaría en prisión hasta que el Tribunal Supremo ratifique su condena en caso de que el alto mando militar recurriese en casación y solicitase la anulación de la sentencia, informaron fuentes jurídicas. Se trata de una doctrina del Alto Tribunal, que establece que en los casos de condenas inferiores a cinco años y siempre que el condenado pida la anulación de la resolución de instancia en su recurso de casación, queda eximida la obligatoriedad de comenzar al cumplir la pena en prisión.

Por ese motivo y ante el previsible recurso que presentará Navarro en los próximos días contra la sentencia conocida hoy, el condenado podrá aguardar en libertad a que el alto tribunal decida si convierte en firme la decisión de la Sala lo Penal de la Audiencia Nacional o si por contra decide una condena menor o incluso su libre absolución.

En todo caso, Navarro, al carecer de antecendentes penales, tan sólo habría eludido de manera definitiva su ingreso en la cárcel en caso de haber sido condenado a una pena no superior a dos años.
La Fiscalía pidió 5 años

Por su parte, el fiscal Fernando Burgos solicitó cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputa un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.

Las familias de las víctimas, que han ejercido la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclaman al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados, Diego Sarabia, reclamó ayer que se determine quiénes fueron "los autores intelectuales" de la "pronta repatriación" de los cuerpos, al considerar que de ella obtuvieron un "beneficio político".

El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.

Los aspectos esenciales del testimonio de Navarro fueron contradichos en la séptima jornada de la vista por dos forenses turcos que participaron en las labores de reconocimiento, que aseguraron que el general "insistió en llevarse" los 30 cadáveres no identificados porque "el equipo español tenía que llegar al funeral que se iba a celebrar en España". Además, uno de los médicos, Bülent Sam, aseguró que Navarro estaba "consciente" pero "olía a alcohol".

No fueron, en todo caso, los únicos testigos que relataron las "prisas" de los responsables del Ministerio de Defensa por llevar a cabo las tareas de repatriación. En la segunda sesión, el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de los trabajos, reconoció que el ex ministro Federico Trillo le pidió que el traslado de los cadáveres se produjera "cuanto antes", mientras que el capitán enfermero Antonio González admitió que las tareas "se aceleraron" para poder llegar al funeral de Estado.

La polémica fecha del funeral

Otra de las preguntas que el juicio deja sin resolver es quién decidió que los funerales se celebraran dos días después del accidente en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). El general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor Ejército de Tierra (JEME) cuando se produjo el accidente, aseguró que esta decisión "dependió" del entonces presidente del Gobierno José María Aznar y de la Casa Real.

Su testimonio, que fue avalado por el general de Brigada Manuel Bretón, director del Gabinete Técnico de Trillo, contradijo el que realizó el también general Félix Sanz Roldán, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) con el socialista José Bono. Éste aseguró que Alejandre le había reconocido que antes de la celebración del funeral propuso que los cuerpos mal identificados no fueran entregados a sus familiares hasta que no hubieran sido reconocidos.

El conocimiento de los errores en el Ministerio de Defensa unas horas después del accidente también fue avalado por el comandante jurídico militar Alberto Ruiz de los Paños, quien indicó que a los dos días del accidente comunicó a la Asesoría Jurídica del departamento dirigido por Trillo que 30 de los 62 cuerpos habían sido trasladados sin estar identificados. Por su parte, el cónsul español en Turquía, Ramón Ezquerra, reconoció que elaboró un documento manuscrito que pudiera sustituir los certificados de defunción y las licencias de enterramiento, que nunca llegaron a ser expedidas por las autoridades turcas.