Si la semana pasada todo apuntaba a que la sentencia del Estatuto de Cataluña estaba lista para que los magistrados del Tribunal Constitucional estamparan su firma en ella, este viernes Victoria Prego cuenta en El Mundo que ha vuelto a romperse la delicada mayoría que habría logrado sacar adelante el fallo.

El motivo es que el último borrador presentado por la ponente Elisa Pérez Vera (es el tercero) se ha reducido tanto que ha dejado el proyecto carente de la solidez jurídica exigible. A los fundamentos jurídicos se les ha despojado de las citas de jurisprudencia, lo que convierte a la más que esperada sentencia en una resolución sin doctrina jurídica y decisionista. Lo que se podría traducir en que el Alto Tribunal declara inconstitucional cualquier precepto porque sí.

Este hecho ha provocado que el magistrado Guillermo Jiménez, que la semana pasada ya se había mostrado dispuesto a sumar su voto a la última propuesta de sentencia, se plantase el pasado lunes y negase en redondo a apoyar la propuesta.

El voto de Jiménez era precisamente el que iba a componer esa mayoría de 6 a 4 que habría proporcionado un poco más de solidez a la resolución. Sin su voto a favor, la relación de apoyos en el seno del TC habría quedado de nuevo en un empate 5 a 5, lo que habría requerido el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, para inclinar la balanza en sentido favorable al Estatut. Una hipótesis que Casas rechaza contemplar, entre otras cosas porque sería un escándalo político de primera magnitud.

Otro de los miembros del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas, que también estaba a punto de apoyar la sentencia con su voto, se ha negado igualmente a votar a favor del proyecto que se les ha presentado. El voto de Rodríguez Arribas era el que habría podido conformar la relación de 7 a 3 que habría permitido al Tribunal salir a la palestra pública con una resolución respaldada por una amplia mayoría.

Este revuelo inesperado ha sentado mal a Casas, quien según apunta Vitoria Prego no tiene “prisa” en que el fallo del Estatut vea la luz tras tres años de aplicación de la norma estatutaria. Este nuevo desacuerdo vaticina que la polémica sentencia volverá a retrasarse aún más.