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L D (EFE) En los días previos a la manifestación, tanto el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como Velázquez advirtieron a los guardias civiles de que se arriesgaban a ser expedientados, e incluso a ser expulsados del Cuerpo, si acudían a la protesta convocada por los sindicatos policiales en demanda de la equiparación salarial con las Policías autonómicas y locales.
Velázquez remitió una circular a todos los cuarteles en la que afirmaba que la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil prohíbe que los agentes convoquen o participen, de forma individual o colectiva, en actos políticos o sindicales.
La Unión de Oficiales, cuyos dirigentes decidieron no acudir a la manifestación para no exponerse a las sanciones, consideran que se les ha impedido ejercer su legítimo derecho a participar en una manifestación legal "utilizando para ello la 'intimidación' por escrito".
En la denuncia, solicitan que se tome declaración al director general de la Guardia Civil y a tres de los miembros de la Junta Directiva de la asociación.
Por su parte, la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) ha pedido en un comunicado el cese inmediato de Velázquez "por sus inquietantes amenazas de sanción a los guardias civiles que participarán en la manifestación, por su nula capacidad para desarrollar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes (...) y por su manifiesta falta de dialogo con las asociaciones profesionales".
