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Noticia publicada el 18-10-2008
L D (Europa Press) Según explicaron fuentes de este sindicato, en un principio se pretendía presentar una "querella" contra el departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, pero al considerar que para ello se les iba a "pedir de 20.000 a 30.000 euros de fianza", la unión de oficiales ha decidido, en una junta de urgencia, presentar denuncia penal.
En esta denuncia, explicaron las fuentes, se solicita al juez "que se impute a los responsables del Ministerio del Interior por un supuesto delito de coacciones en el ejercicio de derechos fundamentales".
Pese a apoyar la manifestación, la dirección de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil no acudió a la convocatoria, porque no quería entregar a sus miembros "como rehenes" al Ministerio del Interior ni "ser objeto de chantaje" que podría concluir con la extinción de la agrupación.
Los oficiales han denunciado "presiones intolerables" de los órganos oficiales de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil por ser el "componente novedoso", es decir, que los mandos de los que se manifiestan les apoyen. "Las coacciones generales que se están realizando son especialmente graves e intensas sobre los representantes de los oficiales", aseguró el sindicato esta mañana en un comunicado.
El director de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, advirtió este viernes de la posibilidad de expulsión de los guardias civiles que se manifestaran, e indicó que cualquier acto que sea sancionado con falta muy grave, y previa incoación de expediente disciplinario, "podría llevar consigo cualquier tipo de sanción".
Así, la agrupación sindical afirmó que no acudiendo a la manifestación no podrían ser expedientados y, por lo tanto, "no quedará descabezada la asociación, lo que podría significar su extinción".
En todo caso, la Unión de Oficiales insistió en su apoyo "incondicional" al fondo de las reivindicaciones que se plantean, subidas salariales que les equiparen con los agentes de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra o los policías municipales, y defendieron la legalidad de una "manifestación pacífica".
