La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ha asegurado este viernes que se personará como acusación popular en el sumario general que investiga la red de extorsión de ETA en el que, según dicen, hay una pieza separada secreta en la que se arrojan datos que apuntan a que la banda terrorista podría contar con cuentas bancarias en paraísos fiscales procedentes de los fondos reservados.
"La causa general (que investiga a la red de extorsión de ETA) también lleva mucho tiempo, un montón de años durmiendo el sueño de los justos y en esa causa existe un pieza secreta también desde hace un montón de tiempo que creemos puede estar relacionado con las cuentas y con el dinero depositado en paraísos fiscales. Es el momento de personarnos para impulsar esa investigación", ha dicho el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, en una rueda de prensa celebrada en Madrid.
En concreto, García se ha referido a la posibilidad que el origen de algunas de esas cuentas de la banda esté en el dinero procedente de los fondos reservados. "Se trata del entramado de financiación de la banda", ha recordado García quien ha considerado una obligación determinar "si ETA tenía dinero en paraísos fiscales y si ese dinero procedía de los fondos reservados". También "si hay cuentas, si no hay cuentas, de dónde procede ese dinero... eso es lo que hay que aclarar".
La decisión de personarse en esta causa fue aprobada ayer por este colectivo tras una sesión extraordinaria de su junta y después de las declaraciones del ex director de la Policía, Juan Cotino, quien acusó al Gobierno socialista de haber aportado dinero de los fondos reservados en 2006.
"Existe la obligación de demostrar que eso haya ocurrido", ha añadido el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, quien ha asegurado que las declaraciones de Cotino "son cualificadas". "Algo sabe del tema", ha apostillado durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del abogado de la asociación Jesús Martín Vázquez, quien ha calificado al ex director de la Policía como un "importante conocedor del entramado de Interior".
Al ser preguntados por los medios de comunicación acerca de si otorgan crédito a esas acusaciones de Cotino, los propios representantes de la UO han recordado que ayer el ex responsable policial matizó sus palabras y afirmó no tener pruebas. No obstante, Martín Vázquez ha defendido que el mero hecho de que "durante un tiempo mantuviese esas insinuaciones ya es lo suficientemente importante para personarse".
En cualquier caso, García ha explicado que las declaraciones del ex director de la Policía tan sólo han sido el "enganche" para que su colectivo pida la personación en esta causa. "No han sido condicionantes, ya barajábamos personarnos hace tiempo, lo que ha hecho Cotino es propiciar el momento", ha dicho García quien también han considerado relevante los cambios experimentados en el Juzgado de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional que investiga estos hechos y en concreto la salida de su anterior titulat Baltasar Garzón.
Ha recordado que el 'caso chivatazo' –en el que este colectivo ya está personado junto con el PP– "se pretendía archivar y en cuanto se ha hurgado, se ha visto que había y mucho". Al ser preguntado por esta investigación ha insistido en la tesis de que ningún policía tomaría la decisión de parar una operación policial si no es con una orden política previa. Al mismo tiempo ha pedido al Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que explique por qué en su día afirmó que los cortes en las cintas que grababan el bar faisán el día del soplo no eran fruto de una manipulación.
Asimismo, en la rueda de prensa de hoy la UO ha anunciado también la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 3 de noviembre de 2010 archivó una querella presentada por este colectivo contra el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, por presuntos delitos de nombramiento ilegal, falsedad en documento público y desobediencia.
La querella respondía a una oferta de puestos de trabajo para inspección de riesgos laborales realizada por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad para miembros de los Cuerpos de la Guardia Civil y Nacional de Policía. Para ellos, se indicaba además que se valorarían las titulaciones en prevención de riesgos laborales.
Pese a todo ello, 4 de los 15 puestos se otorgaron a miembros de las Fuerzas Armadas, no a miembros de la Guardia Civil ni de la Policía, y que además no reunían los requisitos de formación solicitados, según la asociación denunciante.