L D (Luis del Pino) La idea de grabar todo lo que sucediera en el laboratorio partió del empeño personal de Javier Gómez Bermúdez. En tres años nada se había sabido de los explosivos utilizados en la masacre por lo que el magistrado apostó con acierto por la absoluta transparencia. Tenía el doble objetivo de demostrar que nadie había podido manipular las muestras desde el momento en que comenzó la prueba pericial y de dejar constancia de las incidencias ocurridas durante la realización de esas pruebas. El secretario judicial quedó encargado de dar fe del buen funcionamiento de aquel sistema de grabación.
En aquella prueba pericial participaron 4 peritos del Ministerio de Interior (2 de la Policía y 2 de la Guardia Civil) y otros 4 peritos nombrados por algunas de las partes personadas en la causa. En concreto, fueron dos acusaciones (la AVT y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M) y dos defensas (la de Basel Ghalyoun y la de Rafá Zouhier) las que optaron por estar presentes en las pruebas periciales, mediante la designación de los correspondientes peritos. La pericia estaba dirigida por uno de los miembros del laboratorio de la Policía Científica, Alfonso Vega, a quien el Gobierno condecoraría posteriormente.
Las pruebas periciales fueron cualquier cosa menos plácidas. De hecho, a lo largo de aquellas semanas de intenso trabajo, se vivieron momentos de enorme tensión, especialmente cuando las pruebas empezaron a arrojar resultados sorprendentes, como la aparición de dinitrotolueno (DNT) o de nitroglicerina, que no son componentes de la Goma2-ECO, el explosivo que según la versión oficial había sido utilizado en los trenes. Esos momentos de tensión, que ya describió en una crónica el periódico El Mundo, se plasmaron en enfrentamientos de gran dureza, que quedaron recogidos por las cámaras, y que arrojan serias dudas sobre la imparcialidad de algunos de los peritos dependientes del Ministerio de Interior.
Una vez acabado el juicio, dos de las partes personadas en la causa (la defensa de Basel Ghalyoun y la AVT) solicitaron al tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez una copia de la grabación de las sesiones de la prueba pericial. Sorprendentemente, el tribunal rechazó la petición de entrega de esas copias.
Preguntado por el motivo del rechazo en un reciente desayuno-coloquio celebrado en el Foro de Nueva Economía, el juez Gómez Bermúdez argumentó que la grabación de las pruebas periciales no está exigida por la Ley, sino que era algo que el tribunal decidió por su propia voluntad, y que por tanto tampoco existía obligación legal de entregar dicha copia a las partes personadas en la causa. En consecuencia, esas defensas y acusaciones no dispondrán de esas cintas donde quedaron reflejados los enfrentamientos tan duros que se produjeron entre unos peritos y otros.
Pero hay algunos otros aspectos importantes del transcurso de aquella prueba pericial que también están relacionados con esas cintas que el tribunal del 11-M ha rechazado entregar. En concreto, según los datos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la grabación de las cámaras se interrumpió temporalmente "debido a un apagón" escasas horas después de aparecer por sorpresa en una de las muestras dinitrotolueno, que no es un componente de la Goma2-ECO.
Para ser exactos, el día 6 de febrero los peritos descubrían, sorprendentemente, que en una de las muestras entregadas para analizar, la muestra M-6-12, había aparecido dinitrotolueno, que no es un componente del explosivo oficialmente utilizado en los trenes. Cuando los peritos llegaron a su lugar de trabajo a la mañana siguiente, el secretario judicial les informó de que, al parecer, el día anterior se había producido "un apagón" y las cámaras destinadas a garantizar que las muestras no fueran manipuladas dejaron de grabar alrededor de las 20:00 horas.