El abogado Javier Gómez de Liaño, que lleva la defensa de algunas de las personas implicadas en el Caso Gürtel, recordó que "en la historia judicial española tan sola una vez la Audiencia Nacional autorizó la intervención telefónica de las conversaciones telefónicas entre un imputado y su abogado" y fue en el caso de un abogado de Herri Batasuna, acusado de colaborar con ETA.
De ahí que tras conocerse la intervención de conversaciones de imputados en el Caso Gürtel con sus abogados, "las voces de alarma en el ámbito de los abogacía fueron muy sonoras", señaló Liaño. El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional dijo no poder entender como Garzón "había utilizado un razonamiento tan pobre y al mismo tiempo tan enérgico, que no tenia motivación", ya que la legislación española sólo permite estas actuaciones en casos de terrorismo.
Liaño consideró que es una "vulneración del secreto y deber profesional" y que en casos como los imputados que han hecho uso del derecho a no declarar se está vulnerando el derecho mismo a la defensa. Por eso cree que se podría plantear un "recurso de nulidad de actuaciones" ya que "la vulneración de esa garantía pude derivar en una nulidad de pleno derecho de buena parte de las actuaciones". En este sentido, recordó el auto "histórico" del Tribunal Supremo en el Caso Naseiro que señalaba que "la verdad real no se puede descubrir a cualquier precio, todo tiene su precio y todo vale". En su opinión, en España pasamos del "hipergarantismo al hipogarantismo" y, en estos momentos, estamos en lo segundo.
En cuanto al futuro del proceso, Liaño subrayó que "restan por sacar 50.000 folios –que siguen bajo secreto de sumario– aunque estas cifras son siempre exageradas, primero hay que hacer una limpia, y suele quedar un 25 por ciento del total". En su condición de abogado defensor, Liaño ha solicitado que "se certifique si aún continúan intervenidas las conversaciones entre imputados y sus abogados".
En todo caso, Liaño insistió en que "no es un procedimiento que se haya instruido con pulcritud" y "esas irregularidades pueden dar al traste con el proceso que debería acabar en la verdad judicial". El abogado explicó que hay que valorar "el alcance del derecho fundamental vulnerado para ver el alcance de la nulidad de actuaciones, si las diligencias estuviesen afectadas de un vicio de raíz, esa diligencia de prueba sería nula y también todo aquellos que se derivase de esa diligencia". Por ello, dijo que hay que estar "muy pendiente del nuevo alzamiento del secreto de sumario y ver como se ha hecho esa instrucción", aunque reconoció que tiene "la sensación de que aquí ha instruido más la Policía que el juez, y a mí eso no me gusta".