La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la prisión eludible con una fianza de 60.000 euros de los abogados de etarras Arantza Zulueta, Iker Sarriegui y Jon Enparantza, que fueron encarcelados el pasado 19 de abril por el juez Fernando Grande-Marlaska por actuar como correos entre la dirección de la banda y sus presos y a los que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de "comisarios" de la organización terrorista.
En tres autos dictados este jueves, la Sección Tercera justifica esta medida argumentando que las medidas cautelares impuestas y la situación de "arraigo social" de los imputados, a los que se atribuye un delito de integración o colaboración con organización terrorista, aminoran el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
El tribunal, integrado por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, obliga además a los tres letrados a cumplir comparecencias semanales, no salir del territorio nacional y entregar sus pasaportes en el plazo de 24 horas desde su puesta en libertad.
"Hijo de un pescadero popular"
En el caso de Sarriegui, la resolución judicial sostiene que aunque el riesgo de fuga continúa siendo "incuestionable" y el delito imputado es "grave", el imputado cuenta con "un entorno social y familiar de claro apoyo que compromete por él su palabra", lo que "minimiza" la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia o vuelva a delinquir.
Esta resolución, que lleva la firma de Bayarri, destaca que el padre de Sarriegui es "una persona muy querida y apreciada" en San Sebastián porque "ha pertenecido más de 38 años" al equipo de fútbol de la Real Sociedad, "donde ha desarrollado diferentes labores desde entrenador, responsable del grupo de ojeadores, responsable de las relaciones con los clubs de la provincia y, finalmente, delegado del campo de Atocha".
Tras indicar que en la actualidad el progenitor de Sarriegui regenta "una pescadería de gran popularidad en la parte vieja de la ciudad" y que el propio imputado jugó en este equipo durante tres temporadas, "en las que por cierto estuvo casi todo el tiempo lesionado", la magistrada destaca que tres representantes del club comparecieron ante el tribunal para garantizar que "la puesta en libertad de Iker no empecerá la instrucción de la causa".
Además, el tribunal valora el testimonio del decano del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, amigo del padre de Sarriegui y que acreditó el "arraigo laboral" del recurrente. Éste señaló que "tras su invalidez como futbolista", el imputado "se viene dedicando al ejercicio del derecho penal, si bien estaba pensando dejarlo y dedicarse a la representación de deportistas profesionales".
La defensa de Sarriegui también alegó la situación del hijo de dos años y medio que tiene con su pareja, con la que se casó en julio pasado mientras se encontraba en prisión, aunque el tribunal descarta que ésta pueda considerarse una consecuencia de la situación procesal de su padre.
En el caso de Zulueta, los magistrados destacan que las medidas cautelares impuestas garantizan su "sometimiento al proceso y la no reiteración delictiva", mientras que en el de Enparantza subrayan su "disponibilidad procesal por razón de arraigo personal, social, laboral y familiar". En este caso, el tribunal añade que, debido a la condición de "abogado" del recurrente, su salida de la cárcel "favorecería sus posibilidades de adecuada defensa.
Siete meses en prisión
Marlaska envió a los letrados a la cárcel, así como a los trabajadores de sus despachos Saioa Aguirre Arauco y Naia Zuriarrain Mendiguren, por considerar que entre las funciones que realizaban se encontraban intermediar en la "gestión y cobro" de extorsión etarra e informar sobre posibles objetivos como el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Íñigo Urkullu, otros dirigentes de la formación nacionalista y tres escoltas de cargos públicos.
También acordó, tras más de siete horas de interrogatorios, la libertad de Juan María Jáuregui Zalakain y Asier Etxabe Azkue bajo fianzas de 30.000 y 12.000 euros, respectivamente, e impuso comparecencias judiciales a Erramun Landa Mendibe y José Luis Gallastegui Lagar.
Los tres abogados han permanecido en prisión siete meses y medio. Fueron arrestados el pasado 14 de abril junto a otros nueve acusados de integrar un grupo (H-Alboka) que servía como nexo de unión entre las cárceles y la dirección de ETA en Francia. Ninguno de los arrestados en aquel operativo permanece en la cárcel.
Con esta operación al sector más duro del entorno de la banda se dio por desarticulado el frente de abogados que, según el Ministerio del Interior, actuaban como "comisarios" de los terroristas. El propio ministro Alfredo Pérez Rubalcaba señaló que su misión era la de prestar información sobre objetivos, facilitar la huida de etarras, captar nuevos militantes, gestionar el cobro de la extorsión o velar por el cumplimiento de la ortodoxia de la banda en las prisiones.