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- La prisión "preventiva" de De Juana. El País insiste a lo largo de todo el editorial en el hecho de que la condena del terrorista aún no es firme. De Juana Chaos fue condenado a doce años por las amenazas vertidas en dos artículos publicados en Gara. El diario se encarga de recordar que la sentencia "fue recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que deja un margen para adoptar determinadas medidas que puedan evitar la muerte del preso sin que ello", afirma el diario, "suponga acceder a sus exigencias".
- "Razones humanitarias". Según el diario, es lícito "actuar con la piedad humana que la ley permita" para evitar que un preso bajo la custodia de un tribunal no "fallezca o padezca lesiones irreversibles".
- Que el etarra se convierta en "mártir". Una posibilidad que apunta el diario para reforzar la tesis de las razones humanitarias.
- La naturaleza del delito por el que está condenado. El País enfatiza que De Juana está en la cárcel por firmar "dos artículos escritos en prisión y publicados en Gara". Indica que "opiniones de juristas muy respetables han considerado desproporcionada una condena tan severa", en alusión a los doce años y siete meses de condena que dictaminó el tribunal. Cabe recordar que la petición inicial del fiscal era de 96 años y que se rebajó. El diario también apunta a que la sentencia podría ser anulada o reducida por el Supremo porque está recurrida.
- Los precedentes. Para su argumentación, el diario se remonta varios años al recordar que "no es la primera vez que el Estado democrático se enfrenta a desafíos de esta naturaleza. En dos ocasiones con resultado de muerte, en 1981 y 1990, de sendos reclusos de los GRAPO." Unos precedentes con los que El País sugiere, entre líneas, que ahora se debe evitar este final.
- Su interpretación de la doctrina del Constitucional. Indica el diario que este tribunal considera una obligación del Estado "alimentar contra su voluntad a personas bajo su tutela" en huelga de hambre, algo que ya se está haciendo con De Juana. El País interpreta la doctrina del Constitucional y llega a añadir que "esto a veces sirve de poco" y queda "fuera del poder del Estado garantizar su vida". Con lo que concluye que "no podrá hacer otra cosa que mejorar su situación penitenciaria, que es lo que está en su mano".
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