A las diez y cuarto de la mañana arrancaba la primera jornada del juicio por el atentado de la T4 en la Audiencia Nacional. Los terroristas Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu, integrantes del grupo Elurra de ETA, llegaban esposados a la sede del tribunal que preside el magistrado Alfonso Guevara. El fiscal solicita 900 años de cárcel para cada uno de ellos por perpetrar el 30 de diciembre 2006 el atentado de Barajas en el que murieron dos personas y otras 41 resultaron heridas, además de producirse numerosos daños materiales.
Los tres acusados, a los que el fiscal imputa dos delitos de asesinato terrorista, cuarenta y uno de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas, se han acogido a su derecho a no contestar a ninguna de las preguntas de las partes en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional.
Sarasola ha calificado de "fascista" al tribunal y ha dicho que no lo reconoce, mientras que Portu y San Sebastián han denunciado, dentro de la estrategia habitual de los terroristas, las supuestas torturas que, dicen, sufrieron tras ser detenidos.
Nueva prueba
La sesión se iniciaba cuando Guevara daba traslado a las partes de una nueva prueba pericial caligráfica realizada por la Guardia Civil para comprobar la anotación manuscrita de un número de teléfono de los Bomberos de Madrid. Dicho número fue hallado en el domicilio de Mikel San Sebastián y, según la pericial, él es el autor del escrito.
Tanto el fiscal Daniel Campos como las ocho acusaciones particulares personadas y la popular -ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-, además de la Abogacía del Estado, se han mostrado conformes a que este nuevo informe pericial se incluya en la causa y se cite para testificar en la vista al agente que la hizo.
Fuentes fiscales han explicado que la importancia de esta prueba radica en que podría ser el principal indicio de la participación de San Sebastián en el atentado de la T-4, cometido en plena negociación del Gobierno de Zapatero con los terroristas.
Unas señas "erróneas"
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, a las 07:53 del 30 de diciembre de 2006, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08:35 a la central SOS/DEIAK de San Sebastián desde una cabina telefónica.
A las 08:45 horas se localizó la furgoneta en el aparcamiento del aeropuerto, se desalojó y un minuto antes de las nueve de la mañana, se produjo la explosión, en la que murieron los dos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.
Entre los testigos que han declarado este lunes en la Audiencia Nacional, se encontraba el instructor de Policía encargado de realizar el atestado de la tragedia. Éste ha recordado que en las llamadas del grupo Elurra de ETA, donde avisaron de que una furgoneta cargada de explosivos iba a estallar en el aeropuerto, éstos dieron una descripción errónea del vehículo. Ni la matrícula facilitada ni el modelo de furgoneta se correspondía con la que explotó aquellas navidades en el aparcamiento de Barajas.
Por su parte, otro testigo policial ha declarado que cuando la furgoneta estalló él estaba ayudando a una mujer que no lograba localizar a uno de sus familiares. “Recuerdo que se produjo un ruido muy fuerte y una humareda muy negra. Rememoro cada mañana aquellas imágenes del atentado”. Desde entonces, el agente se encuentra de baja médica y sometido a tratamiento psicológico.
Otra miembro de la Policía que participó en el desalojo del aeropuerto de Barajas ha señalado que resultó herida en la explosión. Estaba embarazada y no lo sabía cuando acudió al aeropuerto de Barajas lo que le provocó un período de gestación de alto riesgo.
Entre los testimonios más estremecedores a la par que esclarecedores ha estado el de Iker Lascurain, el dueño del vehículo que ETA robó y cargó de explosivos para volar la T4. El joven pasó tres días secuestrado en manos de los terroristas. El 27 de diciembre por la tarde cuando volvía de esquiar en la localidad francesa de Luz Ardiden y se encontraba en su vehículo descansando varias personas encapuchadas y vestidas de negro lo apuntaron con una pistola. Tras un recorrido de una hora en su furgoneta los etarras le mantuvieron esposado de pies y manos en el maletero de un coche la mayor parte de las siguientes 72 horas.
Durante este tiempo, sólo uno de ellos habló con él, en castellano, para identificarse como miembro de ETA y advertirle de que "no intentara hacer nada" porque "iban en serio". Entre ellos sólo "se silbaban", dijo.
Le hicieron mandar un mensaje de texto a su familia para que no sospechasen de su ausencia. La noche del 30 de diciembre el grupo de ETA lo dejó en libertad en el monte Marie Blanque junto a la localidad francesa de Escott.
Además de la pena de cárcel, el fiscal pide que cada uno de los acusados indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada uno de los fallecidos. La vista oral se reanudará este martes.