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Los jueces establecerán los servicios mínimos en la huelga del 18-F

Los magistrados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Castilla-La Mancha, Tarragona, Extremadura y Majadahonda (Madrid) han propuesto establecer unos servicios mínimos para la huelga del 18 de febrero, según publica El País

Los magistrados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Castilla-La Mancha, Tarragona, Extremadura y Majadahonda (Madrid) han propuesto establecer unos servicios mínimos para la huelga del 18 de febrero, según publica El País. 

(Libertad Digital) Ante el presumible desentendimiento sobre la huelga de jueces que tanto el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Fernández Bermejo, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) protagonizarán, serán estos mismos quienes se encarguen de establecer unos servicios mínimos.

Según publica este viernes el diario El País, los magistrados de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Castilla-La Mancha, Tarragona, Extremadura y Majadahonda (Madrid) han propuesto como servicios mínimos un juez de cada 10 en cada orden jurisdiccional y una sección de Audiencia Provincial por cada 10 de la misma sede. También respetarán las actuaciones de servicios de guardia, las causas con preso o detenido y la tramitación de asuntos urgentes (registros, medidas cautelarísimas, violencia sobre la mujer...).

Por otro lado, el CGPJ decidirá el próximo lunes si es competente para regular dicha huelga. Para ello, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces examinará un informe que concluye que ante la ausencia de una norma legal corresponde al Tribunal Constitucional (TC) evaluar si los jueces tienen o no derecho de huelga.  El documento defiende que ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) está previsto dentro de las competencias del Consejo la calificación, regulación, limitación ni control del ejercicio del derecho fundamental de huelga.

Sin embargo, según apuntan fuentes judiciales, es “imposible” que en caso de que el CGPJ presente esta consulta al TC, éste resuelva antes del 18 de febrero, día en que está previsto el paro. Por lo que, aunque en el caso de que se declare inconstitucional la huelga de jueces, ésta ilegalidad “no tendrá efecto retroactivo”.

Mientras tanto, el ministro Bermejo ha señalado en varias ocasiones que quien tiene que dar respuesta a la convocatoria de la huelga de jueces es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta postura ha sido ratificada este jueves por fuentes ministeriales a Libertad Digital. Bermejo asegura que él no es el “empresario” de los jueces.

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