L D (Europa Press) Los mandos de la Policía Científica imputados en el caso del "ácido bórico" pidieron hoy a la juez de instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, que cite a declarar como testigos a los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique en relación al informe que realizaron que vinculaba a ETA con el 11-M a partir del hallazgo de ácido bórico, según el escrito que presentó este lunes por la mañana el abogado que ejerce su defensa, al que tuvo acceso Europa Press.
La petición, que incluye varias diligencias, se ha producido dentro del plazo de siete días que concedió la juez Gallego el pasado lunes para solicitar nuevas diligencias a practicar en la instrucción, al reabrir el caso y estimar parcialmente el recurso de los jefes policiales contra su imputación por los delitos de falsedad, encubrimiento y falso testimonio por haber supuestamente alterado dicho informe.
Fuentes fiscales indicaron que por el momento la Fiscalía de Madrid no pedirá a la juez ninguna diligencia nueva, aunque no descarta recurrir en el caso de que la magistrada deniegue las comparecencias. La Fiscalía respaldó al abogado de los mandos policiales en su recurso y pidió a la juez que anulase el auto de transformación del procedimiento, dictado el 10 de noviembre, al entender que causó indefensión a los imputados.
La defensa del comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, su número dos, Pedro Mélida, el jefe de Análisis de la Policía Científica, José Andradas, y el jefe de sección de Unidad de Análisis, Francisco Ramírez, presentó este lunes por la mañana un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 35, en el que pidió las comparecencias de los tres peritos como testigos, al entender que "las imputaciones que pesan sobre ellos se asientan fundamentalmente en su testimonio".
En su escrito, el abogado subraya que la solicitud de comparecencia se fundamenta en que "no tuvo oportunidad de interrogar a los peritos utilizados como prueba de cargo", puesto que el secreto del sumario que pesaba sobre las actuaciones impidió que la defensa de los jefes policiales estuviera en el interrogatorio de Escribano y Cidad, que tuvo lugar el pasado 6 de octubre. En cuanto al perito Manrique, el letrado considera que éste tuvo "conocimiento directo" de los hechos y asegura que fue uno de los que firmó el borrador del informe de 21 de marzo de 2005. Además, asegura que su testimonio es "necesario" para aclarar las circunstancias que rodearon la devolución del borrador del informe a Escribano por parte de Ramírez.
Asimismo, destaca que "la circunstancia" de que se haya dejado sin efecto la imputación que acordó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se inhibió de la investigación a favor de los juzgados ordinarios, contra los peritos permite "una mayor garantía de veracidad en su testimonio".
Otros testimonios y oficio de muestras
Además, la defensa pide a la juez que tome declaración como testigo al secretario general de la Comisaría de Información, José María Calle Leal, para que sea interrogado sobre el oficio de muestras que se remitió al Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica, en cuanto a su alcance y encargo realizado a este servicio.
Según la defensa, este testimonio podría aclarar que "en ningún caso" la Comisaría de Información solicitó un estudio sobre los antecedentes de otros informes en los que apareció el ácido bórico, sino que, por el contrario, se pidió únicamente al análisis químico de esta sustancia.
También solicita la comparecencia como testigos del policía Mario Rica Matea, del agente Alfonso Vega García, experto en explosivos, así como la declaración del inspector Javier Herrera Martínez, que participó en la análisis de las muestras.
Información sobre la causa de Garzón
El abogado pide también a la juez que libre exhorto a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que informe al Juzgado sobre la sustancia intervenida en el registro del domicilio de Hassan El Haski, uno de los 29 procesados en el sumario del 11-M, a quien Garzón investiga en relación con los atentados de Casablanca, que se perpetraron en mayo de 2003.
Entre otros aspectos, solicita que se informe al Juzgado de Instrucción acerca de si hubo designación nominativa de peritos en la causa para el análisis o si se encargó el análisis a un laboratorio oficial y si el encargo fue por decisión judicial o la realizó la Comisaria General de Información. Reclama también que se pida a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid para que remita testimonio del acta de un juicio en el los peritos manifestaron que "el ácido bórico no es sustancia explosiva, ni incendiaria". Según el abogado, los peritos no incluyeron ninguna referencia a este caso en su informe del 21 de marzo.
Otra de las pruebas solicitadas se refiere a una certificación de Secretaría General de la Comisaría de Policía Científica acerca de si existe en la Unidad de Análisis Científicos una base de datos en la que se recoja una relación de los informes antecedentes elaborados por los distintos peritos, con indicación de la materia y sus resultados.
Antecedentes penales de los imputados
Por su parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, personada como acusación popular en la causa, ha pedido a la juez que ordene reaizar las pruebas anticipadas que incluyó en su escrito de acusación, en el que pedía 6 años de cárcel para los mandos policiales por haber supuestamente manipulado el informe tras eliminar las referencias que relacionaban a ETA con el 11-M.
En este sentido, la asociación pedía a la magistrada que incluya en la causa la hoja de antecedentes penales de todos los imputados, así como un informe pericial de la Policía Científica que aclare si Ramírez firmó sólo el informe y, si es así, si lo había hecho en ocasiones anteriores.
En sus conclusiones provisionales, reclamó que declaren como testigos los ministros de Interior en el momento en el que se realizaron los informes y cuando se descubrió la falsificación, José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente. Según explicó, la petición para que declaren los dos ministros pretende que se aclaren "las circunstancias que rodearon a unos hechos de la máxima gravedad".