En el documento, titulado 'Labor de hostigamiento', los miembros de la ilegalizada organización juvenil tenían marcada una amplia lista de objetivos en una campaña que iba a comenzar este mismo mes de diciembre y se iba a prolongar durante el próximo año. Entre esos objetivos, según informa la Cadena Ser, se encuentran representantes de partidos políticos como PNV, Nafarroa Bai, PSOE y PP, así como partidos franceses como la Unión por el Movimiento Popular o el Partido Socialista Francés. Asimismo, figuran sedes de organismos oficiales como el INEM o Correos y de empresas como Telefónica, así como estaciones de tren.
Esta labor de hostigamiento tendría que ser desarrollada "de una manera inmejorable para cumplir el objetivo político y no tener problemas de seguridad", según el citado documento. Entre los cometidos de los arrestados se encontraba el de reclutar al "mayor número de jóvenes preparados", según el citado texto, en el que se alerta además de la importancia de extremar las medidas de seguridad para evitar detenciones. Además, los cabecillas de SEGI exigen respuestas inmediatas a las operaciones policiales en el mayor número de pueblos y de forma paralela.
El juez de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado a prisión a otros 11 de los 34 detenidos. Grande-Marlaska continuó hoy con los interrogatorios que comenzaron ayer. En la primera jornada, el magistrado envió a prisión a once detenidos y dejó libres a dos, a los que impuso comparecencias semanales, la prohibición de salir de España y que comuniquen su domicilio.
Este viernes, el juez ha enviado a prisión a todos los detenidos que pasaron por su despacho, a los que acusa por pertenencia a organización terrorista. Según indicaron estas fuentes, los arrestados fueron internados en la cárcel de Alcalá-Meco --los más jóvenes-- y la de Soto del Real, la mayoría.
Los interrogatorios a los diez restantes continuarán este sábado y está previsto que finalicen en el mismo día, momento en que el juez emitirá un auto en el que formulará las acusaciones que pesan contra los detenidos, que presuntamente formaban parte de la organización declarada terrorista por el Tribunal Supremo el 19 de enero de 2007 al considerarla seguidora de las también ilegalizadas Haika y Jarrai.