El primero de ellos: un socialista jiennense que figura como cobrador de una prejubilación en Mercasevilla que niega haber cobrado. El segundo, la contratación por el PSOE de un gilista o gilón (del partido de Jesús Gil) al que el propio PSOE pidió 29 años de prisión en el caso de Marbella. Y finalmente, en Sevilla, reaparece el hijísimo de Manuel Chaves con concesiones del Ayuntamiento que, por cierto, es uno de los peor valorados de España junto con el de Jerez, también en manos del PSOE.
El prejubilado que no lo era pero cobraba
El primero de estos shows es realmente sorprendente y pone de manifiesto cómo es la gestión de este PSOE en los organismos públicos y con los dineros públicos. Entre los prejubilados de Mercasevilla, y habiendo cobrado ya más de 112.000 euros, aparece Antonio Garrido Santoyo, secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza, Jaén, que jamás ha trabajado en Mercasevilla. ¿Cómo es que en la lista de prejubilados de Mercasevilla aparece este señor? Una pista: el asesor de UGT que estuvo en el ajo del Expediente de Regulación de Empleo que dio lugar a estos pagos, Juan Lanzas, es de Jaén. Santoyo es miembro del PSOE de Baeza y mantiene una "íntima amistad" con Juan Lanzas, quien a través de la empresa de su cuñado, Maginae Solutions, cobraba de Mercasevilla. Por si fuera poco, el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, es ciber-amigo de Santoyo en Facebook. O sea.
Naturalmente, este alto cargo del PSOE de Jaén tiene relación con Gaspar Zarrías. En la documentación que maneja el Juzgado de Instrucción nº 6 -que investiga la trama de presunta corrupción en el mercado central y a cuya juez quieren recusar los imputados- Garrido Santoyo, pese a que trabaja como comercial en la televisión local de Baeza, se acogió al expediente de regulación de empleo (ERE) que el mercado central aprobó en 2007 apareciendo en el lugar número 7.
Garrido niega haber cobrado nada, lo que conduce a la pregunta siguiente: ¿Quién ha cobrado el dinero por él y con su firma? Y no ha sido poco. Desde el 1 de noviembre de 2007 al 30 de abril de 2009 se le ha asignado un "importe mensual en concepto de complemento salarial" de 5.876,22 euros, una cantidad equiparable a los sueldos de los ex directivos prejubilados, como Daniel Ponce o Pilar Giraldo, ambos imputados en el caso Mercasevilla. Fue el portavoz adjunto del PP, Beltrán Pérez, el que denunció los hechos.
Para remate, Antonio Garrido Santoyo no es la primera vez que se jubila de una empresa. Al parecer ya lo hizo de la compañía de aceites Coosur, en la que pertenecía al comité de empresa por UGT cuando Juan Lanzas era secretario general de la Federación de Alimentos de UGT en Andalucía.
El gilista contratado como asesor por un PSOE que le pidió 29 años de cárcel
Se llama Manuel Rodríguez Hernández y fue ex concejal del GIL (partido de Jesús Gil) en Marbella. Aunque el PSOE le pidió 29 años de cárcel por su participación en el saqueo de Marbella, milagrosa e increíblemente apareció hace muy poco como asesor del candidato socialista a la alcaldía de Marbella, José Bernal. Estaba encargado de la elaboración de partes del programa electoral.
Naturalmente, ha tenido que dimitir de manera inmediata en cuanto se ha sabido qué grado de peligrosidad tenían las amistades del candidato socialista que, por este camino, hará eterna a la actual alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz.
Cuando El Mundo de Andalucía informó que la Fiscalía Anticorrupción, en el marco del conocido como caso saqueo 2 de Marbella, consideraba que el ex edil gilista cometió delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, y así lo hizo constar en la causa judicial sobre la gestión de los gobiernos del GIL entre 1991 y 2001, su destino estaba claro. Pero la sorpresa vino después, cuando se supo que fue el propio PSOE de Marbella, liderado entonces por la edil Susana Radío, solicitó a comienzos de 2009 en la citada causa judicial una petición de 29 años y 6 meses de prisión para el ex edil del GIL, más del triple de lo reclamado por el Ministerio Público. Además, el PSOE solicitó para Rodríguez 38 años de inhabilitación absoluta y una multa equivalente al séxtuplo de la cantidad defraudada.
Tras la hijísima, el hijísimo
Cuando aún no se han apagado los fuegos del caso Matsa y de la subvención de 10 millones de euros que el gobierno Chaves concedió a la empresa en la que trabajaba su hija Paula, salta ahora la historia de que su otro hijísimo, Iván Chaves Iborra, cachorro al que gustan los negocios y estas cosas asquerosas del capitalismo, se ha visto afectado por una decisión del Ayuntamiento de Sevilla que gobierna un amigo de su padre, Alfredo Sánchez Monteseirín.
La cosa es que una empresa del hijo del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, es la que comercializa, comisiones de por medio, el alquiler de los locales del proyecto Metropol-Parasol, otro tinglado urbanístico del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, con la mediación de la constructora Sacyr. Cuando se llama al teléfono que aparece en las vallas publicitarias con los anagramas de Sacyr y del Ayuntamiento de Sevilla invitando a alquilar los locales, quien atiende es Ignacio Olaegui, un socio del hijo del ex presidente de la Junta de Andalucía.
Iván Chaves Iborra es el administrador único de la sociedad Cexmark Soluciones SL, constituida ante notario el 29 de diciembre de 2006. El hijo de Chaves es el dueño de 30 de las 31 acciones de la compañía (96,8%) mientras que la participación restante está a nombre de una cuñada suya, según la información oficial que consta en el Registro Mercantil. Recuérdese, cómo no, que su esposa, Rocío Cabet, trabaja en Extenda, otro de los escenarios instrumentales y paralelos de la Junta de Andalucía.