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Manos Limpias se querella contra Garzón por prevaricación en la toma de declaración de los tres peritos

El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado este martes una querella, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, contra el juez de la Audiencia Nacional por un  presunto delito de prevaricación en relación con los interrogatorios que el magistrado realizó a los tres peritos de la Policía Científica que elaboraron un informe que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M. Baltasar Garzón les imputó un delito de falsedad en documento oficial. Por otro lado, otra querella presentada ante el Supremo por Manos Limpias acusa al juez Juan Del Olmo y a la fiscal Olga Sánchez de prevaricación en su instrucción de los atentados del 11-M.

El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado este martes una querella, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, contra el juez de la Audiencia Nacional por un  presunto delito de prevaricación en relación con los interrogatorios que el magistrado realizó a los tres peritos de la Policía Científica que elaboraron un informe que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M. Baltasar Garzón les imputó un delito de falsedad en documento oficial. Por otro lado, otra querella presentada ante el Supremo por Manos Limpias acusa al juez Juan Del Olmo y a la fiscal Olga Sánchez de prevaricación en su instrucción de los atentados del 11-M.
L D (Europa Press) El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado este martes una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación en relación con los interrogatorios que el magistrado realizó a los tres peritos de la Policía Científica que elaboraron un informe que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M. El juez les imputo un delito de falsedad en documento oficial.
 
En la querella, Manos Limpias acusa a Garzón de un delito de prevaricación, al afirmar que la competencia para investigar la falsificación del informe del ácido bórico le corresponde a los Juzgados de Instrucción de Madrid, tal y como acordó el pasado 27 de septiembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Sección Primera de lo Penal de esta sede judicial remitió entonces la instrucción a los Juzgados de Plaza de Castilla, al considerar que la Audiencia Nacional no era competente para investigar este tipo de delito por no encontrarse entre los tipos criminales que tiene encomendados.
 
El sindicato señala que Garzón "no ha planteado" por el momento "ninguna cuestión de competencia debidamente formalizada" como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y añade que "si está convencido de que la competencia le corresponde a él" debería plantearla. Igualmente, rechaza que la toma de declaración sea "una simple diligencia de trámite" para evitar la destrucción de prueba, puesto que Garzón citó a los imputados, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, para que vuelvan a declarar el próximo día 18 en el Juzgado Central de Instrucción número 5. También critica que les tomara declaración sin asistencia letrada y sin interrumpir los interrogatorios.
 
Manos Limpias también presentó este martes en el Consejo General del Poder Judicial un escrito en el que acusa a Garzón de haber cometido una falta muy grave de intromisión en la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado. 
 
También, una querella contra Del Olmo y Olga Sánchez
 
Por otro lado, otra querella presentada ante el Supremo por Manos Limpias acusa al juez Juan del Olmo y a la fiscal Olga Sánchez de prevaricación en su instrucción de los atentados del 11-M. A ambos les imputa presuntos delitos de prevariación, omisión del deber de impedir delitos e inutilización o destrucción de efectos del delito.
 
En concreto, la querella acusa a Del Olmo de destrucción de efectos del delito por haber acordado, a requerimiento de la autoridad policial, la destrucción de los vagones que fueron objeto de los atentados, sin que la fiscal Olga Sánchez se hubiese opuesto a esta decisión.
 
La querella también critica la ausencia en la instrucción de un informe sobre la autopsia practicada a los cadáveres de los islamistas que se suicidaron en el piso de Leganés, cuyos restos fueron enterrados en el cementerio de esta localidad madrileña por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

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