L D (Agencias) Con esta decisión, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 culmina la investigación de este caso y lo traslada al Juzgado Central de lo Penal, que preside el magistrado José María Vázquez Honrubia, para la celebración del juicio oral por un presunto delito de injurias y calumnias a la Corona, contemplado en el artículo 491.1 del Código Penal.
La concentración en la que se produjeron los hechos tenía por objeto solidarizarse con los jóvenes Jaume Roura y Enric Stern, que fueron procesados por prender fuego a dos imágenes de la Familia Real el 13 de septiembre cuando los monarcas realizaban una visita oficial a la universidad. La Audiencia Nacional condenó a ambos el pasado 20 de noviembre a sendas multas de 2.730 euros.
La concentración en la que se produjeron los hechos tenía por objeto solidarizarse con los jóvenes Jaume Roura y Enric Stern, que fueron procesados por prender fuego a dos imágenes de la Familia Real el 13 de septiembre cuando los monarcas realizaban una visita oficial a la universidad. La Audiencia Nacional condenó a ambos el pasado 20 de noviembre a sendas multas de 2.730 euros.
En este segundo procedimiento, el fiscal Luis Barroso solicita la apertura de juicio oral contra 16 manifestantes cuya actuación ilícita considera acreditada y el archivo de la causa para otros tres. El primero, según el escrito de acusación, dio lectura al manifiesto de la concentración, lo que a su juicio no implica que indujera al resto a cometer un delito, mientras que los otros dos no aparecen en las imágenes publicadas en los medios de comunicación.
Los acusados son Mustafá Shaimi, Jordi María Tomás Munsó, Nuria Brugada Arnau, Biel de Montserrat Vallas, Miquel Pórtulas Oliveras, Sonia Carbó Molvé, Jordi y Xavier Rabaseda Bosch, Pau Costa Cunill, Lluis Sales Fava, Miquel Serrats Sau, Joan Pujolas Vilar, Xavier Navarro Morera, Pere Cortada Hortela, Lluc Salellas Vilar y Jordi Casas Mas.
Dañar el prestigio de la Corona
Todos ellos, según el escrito fiscal, participaron en la concentración convocada por la asociación independentista Alerta Solidaria y cuando finalizó la lectura del manifiesto procedieron, "a título personal y con ánimo de dañar el prestigio de la Corona", a la quema de fotografías con imágenes del Rey y de la Reina.
Para probar esta acusación el fiscal propone como medios de prueba el testimonio de los Mossos d'Esquadra que confeccionaron el atestado correspondiente a la concentración y las fotografías y vídeos aportados por diversos medios de comunicación.
Cuando comparecieron ante Grande-Marlaska los 19 imputados justificaron su actuación al amparo del derecho a la libertad de expresión y señalaron que su única intención era manifestar su desacuerdo con la institución monárquica.