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Marlaska ordena la retirada de la placa y el monolito que homenajean al etarra "Pana" en Hernani

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó este lunes la retirada de la placa y el monolito que rinden homenaje desde el año 1982 al etarra José Aristimuño, alias "Pana", en Hernani (Guipúzcoa), y advierte a la alcaldesa del municipio, Marian Beitilarrangoitia (ANV), de que "en caso de no proceder en tal sentido pudiera entenderse como indicio racional de criminalidad".

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó este lunes la retirada de la placa y el monolito que rinden homenaje desde el año 1982 al etarra José Aristimuño, alias "Pana", en Hernani (Guipúzcoa), y advierte a la alcaldesa del municipio, Marian Beitilarrangoitia (ANV), de que "en caso de no proceder en tal sentido pudiera entenderse como indicio racional de criminalidad".
L D (Agencias) En un auto hecho público este lunes, el magistrado señala que es "indiscutible que poner el nombre de un parque a un miembro de la organización terrorista ETA supone necesariamente un acto de reconocimiento personal y, como tal, de validar el uso de la violencia para la consecución de fines supuestamente políticos".
  
Grande-Marlaska, el primer juez que ordena por la vía penal la retirada de símbolos de homenaje a miembros de ETA, justifica su decisión con el objetivo "evitar la reiteración delictiva" y pone de relieve que mantener un parque dedicado a 'Pana' conlleva una "conducta criminal" y determina "una humillación constante en el sentimiento legítimo no sólo de las víctimas sino de cualquier ciudadano con sólidos principios democráticos".
 
La regidora de Hernani compareció durante una hora y media ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 como imputada en la querella por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ). En su declaración, alegó que tenía 14 años cuando el Ayuntamiento aprobó la colocación de los símbolos y que ningún grupo municipal ha solicitado desde entonces su retirada, informaron fuentes jurídicas.
  
Los querellantes, a los que se han adherido el Foro de Ermua y las familias de cuatro víctimas asesinadas por "'Pana"', solicitaron al juez que ordenara de forma cautelar el cambio de nombre del parque y de una plaza denominada "Emparantza Gudarien"' ('Plaza de los Soldados Vascos'), la retirada de monolito que existe en el primer recinto y la anulación de la distinción como hijo predilecto de la localidad que le hizo el Ayuntamiento hace ahora 26 años.
  
El fiscal Pedro Rubira se opuso, sin embargo, a esta petición alegando que, aunque se trata de una solicitud legítima, debería interponerse por la vía contencioso-administrativa y no por la penal.

En marzo pasado el entonces delegado del Gobierno en la comunidad vasca, Paulino Luesma, requirió la retirada de la placa dedicada a "Pana" tras contar con un informe en este sentido de la Abogacía del Estado.
 
"Conducta criminal"
  
Tras considerar probada la pertenencia de "'Pana" como pistolero a sueldo del grupo Álava de ETA en razón de los informes remitidos por la Guardia Civil, el magistrado apunta en su auto que el hecho de que la alcaldesa no haya realizado "ningún acto en contra" de la denominación del parque, "aún habiendo sido requerida como máxima autoridad", implica "una voluntad cierta de loar al mencionado miembro de la organización terrorista ETA".
  
Por esta razón, remite un oficio a la Ertzaintza mediante el que ordena la retirada de los símbolos y le solicita que garantice que "no vuelvan a colocarse en ninguna forma gráfica imaginable". Con respecto al requerimiento a Beitialarrangoitia para que elimine las denominaciones del callejero municipal libra un exhorto al Juzgado Decano de Instrucción de San Sebastián para que le notifique su resolución.
 
Se mantiene la "Plaza de los Gudaris"
 
En relación con la denominación "Plaza de los Soldados Vascos", el juez no acepta la petición de retirarla que le plantearon los querellantes al considerar que no tiene cabida en "el momento actual". La alcaldesa defendió ante el juez que el nombre de esta plaza alude a los 200 vecinos del municipio que murieron durante la Guerra Civil y no a los terroristas de ETA.  
  
En todo caso, Grande-Marlaska recuerda en su auto que la propuesta de dedicar la principal plaza del municipio a los "gudaris" partió de la asociación ilegalizada KAS y fue aprobada por Herri Batasuna, ya que el resto de grupos municipales de la localidad propusieron el nombre de "'Nagusia plaza"' (Plaza Mayor). También señala que, aunque la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) avalara en 2000 el nombre de la calle, esta institución carece de competencias para resolver cuestiones ajenas al correcto uso del euskera.
  
El magistrado también destaca que Beitialarrangoitia se encuentra imputada "por hechos de análoga situación", en referencia a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las palabras de apoyo que dedicó a los presuntos etarras Igor Portu y Martín Sarasola, detenidos en enero pasado y relacionados con el atentado contra la T-4 del aeropuerto de Barajas. En este caso, la alcaldesa se encuentra en libertad sin medidas cautelares.
 
Otras investigaciones
  
Además de la querella de Hernani, los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Santiago Pedraz están investigando, respectivamente, la existencia de calles dedicadas a terroristas en los municipios de Zizúrquil (Guipúzcoa) y Arrigorriaga (Vizcaya). Además, el magistrado Ismael Moreno instruye otra causa contra el ex alcalde de Santa Colomá de Cervelló (Barcelona) por dedicar una calle a un miembro del Ejército Popular Catalá (EPOCA) condenado por el Supremo.
  
La consideración como delito de enaltecimiento del terrorismo del hecho de mantener calles dedicadas a etarras ha provocado resoluciones opuestas en dos secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya que la Tercera ordenó la admisión a trámite de una querella contra el Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya) y la Cuarta avaló el archivo de otra relativa a Amorebieta (Vizcaya).
  
Además de las denuncias correspondientes a estos municipios, DyJ presentó querellas similares contra los alcaldes de Durango, Lejona y Etxebarri (Vizcaya), Tolosa (Guipúzcoa) y Etxarri-Aranaz (Navarra).

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