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L D (Europa Press) Según refleja un informe escrito por el analista Doroteo Santos y publicado por la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, más de 40.000 personas están afectadas directamente por este tipo de "violencia de persecución", un número que se debe enmarcar dentro de los 2.700.000 habitantes que suman el País Vasco y Navarra.
Además, 1.000 de ellos tienen que ir escoltados diariamente debido a los elevados riesgos para su seguridad y no pueden moverse sin cobertura de seguridad inmediata, "con su correspondiente restricción de libertades, con las repercusiones que merman su capacidad de convivencia y hasta el deterioro que ocasionan en su salud individual".
En este sentido, el artículo alerta de las consecuencias que este acoso tiene en las personas perseguidas y asegura que ya han sido contrastadas por algunos doctores vascos. "Cambiar de conductas habituales ante la amenaza continua y difusa, el sesgo en la percepción tras un anillo de aislamiento preventivo a su alrededor, las dificultades en su medio laboral, la autoinculpación ante los riesgos para sus familiares o el escaso apoyo externo conduce a la aparición de numerosos síntomas", asegura.
Así, las víctimas pueden sufrir trastornos como ansiedad, miedo, sensación de aislamiento e, incluso, aumentar de forma significativa el consumo de tóxicos o sedantes, en muchos casos autoadministrados. Así mismo, los expertos han advertido consecuencias para la "salud colectiva" de la sociedad, algo reflejado en los últimas encuestas publicadas por el "Euskobarómetro" en las que la población vasca muestra un mayor pesimismo respecto a la evolución del terrorismo mientras que los asesinatos y atentados "han disminuido realmente".
Esta opresión ejercida sobre quien se opone a los planteamientos etarras no se trata de algo que "nace por generación espontánea" sino que es "una de las formas planificadas" de actuación de su entorno. "No caigamos en el error de pensar en ella como en un método secundario de coacción política o en un tipo de agresión menor –reclama el autor del artículo–. Todavía estamos por ver los efectos devastadores de este tipo de violencia tanto en las víctimas como en los propios victimarios".
Además, asegura que alguien se beneficia políticamente de esta persecución terrorista y apunta directamente a "las opciones ideológicas que auspician y amparan este tipo de violencia", es decir, "la antigua Batasuna con cualquiera de sus nombres actualizados".
Así, en un repaso de las obras que abordan este asunto, echa en falta trabajos elaborados "desde las filas del nacionalismo extremista", que, según señala, "pasa de puntillas" sobre él. Sin embargo, apunta que el acoso sí es tratado por diversos panfletos y librillos "de consumo interno", en los que "la apología de semejante práctica, junto a consejos tácticos y manuales de lucha, han sido pautas habituales".
Esta forma de violencia incluye entre sus métodos de actuación actividades "clásicas" del terrorismo tales como asesinatos, extorsiones o amenazas directas, pero también otras formas "de aterrorizar y amedrentar más difusas" como denuncias públicas, plantones o cercos. Estos segundos métodos no son menos efectivos "en la victimización de las personas hostigadas" porque detrás de la amenaza siempre está la posibilidad real de sufrir un atentado.
Por ello, las principales asociaciones y colectivos de víctimas han realizado un esfuerzo para que el acoso sea contemplado también en la nueva ley de protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo que se encuentra en fase de negociación. Además, el Congreso aprobó ya una iniciativa que insta al Gobierno a trabajar en este sentido.
El ejemplo de "El Infierno vasco"
El artículo refleja también la situación de algunas personas que viven bajo la amenaza terrorista o que tuvieron finalmente que abandonar el País Vasco y Navarra y que relatan su experiencia en el documental de Iñaki Arteta "Infierno vasco". Entre ellas se encuentran sacerdotes, profesores universitarios, políticos, periodistas, artistas o empresarios.
Entre ellas también hay ertzaintzas o jueces, como José Luis Morales, quien decidió renunciar a su destino en San Sebastián para vivir "en una tierra más segura". El mismo camino tomaron el profesor de la UPV Mikel Azurmendi o la maestra Sefa Dorronsoro, quienes optaron por marcharse hasta Estados Unidos.
También es el caso del director de cine Álvaro García-Capelo, la ex concejal 'popular' Verónica Lipperheide o el ex parlamentario Javier Elorrieta, que abandonaron el País Vasco para "poder vivir en libertad". Las obras del artista Agustín Ibarrola han sufrido constantes ataques y su fundación tendrá su sede fuera de la comunidad "debido al desprecio de los políticos nacionalistas".
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