Más dinero que desaparece y otro ex director general implicado en el caso Mercasevilla

El dinero desaparecido es, en concreto, los más de 150.000 euros aportados por la constructora Sando, implicada en una adjudicación irregular, que no aparecen en la contabilidad. Además, ha emergido del sumario otro ex director general de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que estuvo en reuniones donde se ofrecieron adjudicaciones irregulares. Finalmente, la declaración del viceconsejero de Trabajo de la Junta de Andalucía ha puesto en la picota al Delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, inculpado en la trama, en un acto cainita de sálvese quien pueda.

El dinero desaparecido

La contabilidad de la empresa Mercasevilla controlada por el Ayuntamiento y participada por la estatal Mercasa que preside Javier de Paz, no recoge el abono por parte de Sando —de su filial Sanma, concretamente— de 153.000 euros, un dinero que la constructora pagó al mercado central de abastos como parte de su compromiso contractual —ahora investigado en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla—, que componen una serie de pagos que esta compañía malagueña ha enviado a la juez en forma de listado con el detalle de todas las transferencias o abonos en pagarés realizados. 

El PP ya alertó de este desajuste contable. El listado de la empresa constructora incluye el tercer pago de un contrato de una delimitación de área de reserva en los suelos de Majaravique, abono que Sando realizó mediante transferencia bancaria el 17 de abril de 2007 en virtud de un contrato formalizado el mes anterior con Mercasevilla. Esa transferencia no aparece en las cuentas de la empresa pública, que también ha enviado al juzgado un informe con las cantidades totales que la promotora había realizado a las arcas del mercado de mayoristas sevillano. La suma total no coincide con la que presenta Sando, y no lo hace precisamente por esa diferencia, los 153.000 euros del tercer pago de ese contrato de delimitación del área de reserva. El dinero se ha esfumado.

Téngase en cuenta, que además, Mercasevilla está en números rojos, color que es fácilmente adquirible con prácticas parecidas a las que se describen,

El ex director general emergido 

El mismo día que la juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, imputaba al ex subdirector socialista de la empresa pública, Daniel Ponce, por participar en una reunión en la que se ofrecieron adjudicaciones irregulares por lo que ya tiene una doble imputación, al ya estar acusado en la primera fase de la instrucción referente a la supuesta petición de comisiones ilegales, emergía el nombre de un ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía.

Emergía de una investigación policial que identificaba a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, como el alto cargo que un empresario denunció porque le habían ofrecido algunas de estas adjudicaciones irregulares si renunciaba a sus derechos en Mercasevilla. La Policía Judicial identificó asimismo a José Marín, ex secretario del Distrito Macarena de Sevilla, ya condenado por el escándalo de las facturas falsas, como el político que dicho empresario había mencionado que le pidió que patrocinase un club deportivo.

Además, la juez le ha pedido a Antonio Pardal, empresario de la constructora Larena98, para que aporte el estudio de viabilidad de la ITV (una estación de Inspección Técnica de Vehículos que controla la Junta de Andalucía) que supuestamente le habían prometido junto a otros negocios para que pusiera fin al contrato que poseía sobre el derecho de superficie de los suelos públicos de Mercasevilla.

Un viceconsejero que se salva como puede o Caín sin ningún Abel

Antonio Rivas, delegado de la Junta en Andalucía en Sevilla, que fundaba gran parte de su defensa en que fue él mismo quien denunció la trama de extorsión en Mercasevilla,  no denunció la trama según la declaración, como testigo, ante la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, del viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá. Su testimonio aclara que la decisión de poner «en conocimiento de la Justicia» la petición de comisiones ilegales a cargo de los dirigentes de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce la toma él «personalmente» después de que el director de Relaciones Instituciones de Presidencia, Juan Gallo, le hiciera llegar la grabación el 13 de febrero, y en la denuncia «no participó el señor Rivas». O sea, que Rivas tiene un problema gordo.

El delegado de Empleo en Sevilla dijo el 16 de noviembre ante la juez que en una reunión con el consejero –celebrada el 11 de febrero, según dijo ayer Barberá– en la que escuchan las grabaciones «todos ellos deciden dar traslado a la Fiscalía por si quería iniciar actuaciones penales». En ese encuentro, lo que según Barberá se decidió es que «había que esclarecer la situación y abrir un expediente de información reservada», paralizando la subvención.

Pero el viceconsejero pasó sus apuros al ser preguntado por la concesión de una subvención para un proyecto similar al de Mercasevilla, de Escuela de Hostelería, en Castilleja de Guzmán. Barberá respondió a la acusación particular que ejerce el PP que «la provincia es suficientemente grande para dos escuelas de hostelería» y, que «es competencia del consejero de Empleo –el recientemente relevado en el cargo Antonio Fernández– decidir si había o no que someter a convocatoria pública» las ayudas. El alto cargo reconoció al fiscal que «no era habitual» que se «les citara por la tarde en el despacho de la Consejería en el Parlamento».