LD (Ángela Martialay) Actualmente, ocupa una plaza como magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Sin embargo, es conocido por su cargo como portavoz de la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia (JPD) que aúna a más de quinientos jueces asociados. Con él ha hablado Libertad Digital sobre diferentes cuestiones de la Administración de Justicia que preocupan tanto a la Carrera Judicial como a los ciudadanos.
Según su parecer, ¿cuáles son las razones por la que la Justicia española goza de una imagen tan pobre en la opinión pública?
Porque creo que no se ha sabido dar una respuesta adecuada a las exigencias que tiene esta sociedad, tanto en razones de calidad de la Justicia como en razón a la celeridad de las respuestas. De todas maneras, para aquellos que han sido usuarios de la Administración la imagen es bastante mejor de lo que se dice. Es algo que está reflejado en las encuestas. Los errores judiciales existen pero son un porcentaje pequeñísimo en relación con todo lo demás.
¿Cuál es el estado de salud de la Administración de Justicia en España, actualmente?
La Administración está en una situación delicada, no tenemos una buena situación pero tampoco diría que esté fuera de los estándares de los países de nuestro entorno. No es mucho peor la Justicia española que la francesa o la alemana. Probablemente, nosotros podemos mejorar bastante más y somos muy conscientes de nuestros defectos.
Una valoración del histórico paro en la carrera judicial que tuvo lugar la semana pasada.
Ha sido un punto de inflexión que se dio debido a un cúmulo de circunstancias como la prolongación del antiguo CGPJ, la elección poco transparente y bastante torpe del nuevo Consejo, una sanción concreta en la cual hay unas declaraciones de miembros del Ejecutivo pidiendo una determinada tipo de sanción...Todo esto da lugar a que la Carrera Judicial diga basta de forma espontánea.
Dicha situación del sistema judicial no es nueva...¿por qué han tardado tanto ustedes en quejarse?
Nos habíamos acostumbrado a vivir en la precariedad y probablemente ha habido algún elemento de tipo corporativo que haya hecho saltar la chispa. Pero la realidad es que hemos llegado al entendimiento general de que si esto no se mejora nosotros siempre estamos en una situación de precario. El ciudadano siempre nos mira a nosotros.
En su opinión, ¿cuáles son las medidas más urgentes que debe adoptar el Gobierno para modernizar el sistema?
Es evidente que la oficina judicial que tenemos ahora es un diseño que no se corresponde con la actualidad. La nueva oficina judicial, que desde 2003 está pensada y no ejecutada por ningún gobierno, debe ponerse en práctica con la mayor celeridad posible. Además, hay que adecuar las tecnologías actuales a aquellos intereses que nosotros deseamos como es conectar en ordenador de un juzgado con otro de la comunidad autónoma vecina.
¿Qué les han propuesto ustedes al CGPJ y qué les han garantizado ellos?
Hemos propuesto una reforma urgente de la oficina judicial, que se establezcan unos módulos que estipulen cuál es la carga de trabajo de los jueces y, en función de ese módulo de trabajo, se determine la planta judicial, es decir, qué número de jueces tiene que tener este país. El CGPJ nos ha garantizado voluntad de hacer las cosas en sus competencias, que serán vanguardia y que instarán al Ejecutivo nacional y a los autonómicos a desarrollar esta reforma.
¿Han exigido plazo alguno para que estas reformas se empiecen a poner en marcha?
Le hemos exigido objetivos a corto plazo. Nosotros queremos hacer balance a un año vista, no dentro de cinco.
¿Qué harán ustedes sino son escuchados?
Supongo que utilizaremos alguna medida de presión. Al conocer, tras el paro pasado, la capacidad de organización de los jueces, que se movilizaron a través de correos de forma espontánea, pensamos que esta situación se podría volver a reproducir. Nosotros no somos partidarios de que la huelga sea la primera actuación de los jueces porque somos un poder del Estado. Pero, también somos funcionarios. Lo cierto es que no descartamos ningún tipo de medida de presión.
Ustedes portavoces de las asociaciones judiciales, representan en torno al 50 por ciento de jueces y magistrados, mientras que el otro 50 por ciento de su colectivo profesional no está asociado a ninguna formación, ¿qué opinión le merece que en el nuevo CGPJ no haya ningún juez no asociado, mientras que en el anterior había tres?
Hay una cosa que está clara: el Consejo General del Poder Judicial debe ser necesariamente plural. Entre sus jueces y magistrados debe haber profesionales de todos los colores. Por tanto, creo que es un desvalor que no haya personas que representen otra forma de ver las cosas.
El Ministerio calificó estas juntas de “huelga encubierta” y Bermejo les advirtió que no son ustedes “intocables”. ¿Tienen los jueces derecho a manifestarse?
A manifestarnos sí tenemos derecho. En este momento, tenemos que esperar a ver lo que pasa. Bermejo nos ha dicho que no somos intocables pero no ha dado ninguna respuesta concreta a las necesidades concretas que tenían los jueces y olvidó que nosotros somos independientes y para ello necesitamos ser responsables. Si quiero ser independiente tengo que ser responsable de mis actos. Sabemos que no somos intocables y prueba de ello es el número de jueces que han sido sancionados y separados del servicio.
A este nuevo CGPJ se le ha criticado su politización antes de comenzar su andadura ¿Es el poder judicial independiente en nuestro país?
Rotundamente sí. No se puede olvidar que el Consejo no es poder judicial en estricto sentido. Es un órgano político, el órgano de gobierno de los jueces, y el verdadero poder judicial lo forman los jueces que dictan las sentencias. Ese poder judicial les aseguro que no está politizado.
¿Cree usted que el Gobierno se ha entrometido en el poder judicial con las declaraciones realizadas por De la Vega y Bermejo sobre la sanción del juez Tirado, en las que piden que se aumente la misma?
Sí, porque una cosa es criticar una resolución y otra pedir cómo ha de dictarse la próxima. El Consejo nació para interponerse entre los demás poderes del Estado y el poder judicial. Para evitar que el poder ejecutivo y legislativo interviniesen en el judicial. Pero si al que pones de guardián luego le dices lo que tiene que hacer, éste deja de ser imparcial. Por tanto, claro que es inmiscuirse.
¿Son el juez Tirado y la secretaria judicial Juana Gálvez víctimas del estado actual de la Administración de Justicia?
Las víctimas de la Administración de Justicia son los ciudadanos. Lo que pasa es que no hay un solo grupo de víctimas. El estado de la Administración también lo padecemos los jueces y secretarios, que trabajamos en condiciones que no son aceptables en muchos casos. Probablemente, las responsabilidades de los errores hay que repartirlas. Jueces para la Democracia ha dicho siempre que se juzgue al juez por las responsabilidades que tiene, no por el resultado que se ha producido, porque en ese resultado concurren las responsabilidades de muchos otros. También la de la Administración de Justicia que no le dotó de medios nececarios o le puso una carga de trabajo que él no podía llevar.
Los secretarios mantienen que hechos como el ocurrido en el juzgado de lo penal de Sevilla "pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar". ¿Comparten ustedes está afirmación?Probablemente esta afirmación sea un poco exagerada. Pero es cierto que en muchos órganos judiciales, con el número de ejecutorias que tienen pendientes, difícilmente el juez o el secretario pueden controlar los procesos de forma rigurosa.