L D (Agencias) La polémica suscitada en las últimas semanas llevaron este miércoles a Miguel Ángel Moratinos a dar explicaciones de la información de la que dispone el Gobierno ante la comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados. Allí señaló que el Gobierno Aznar dio permiso entre los meses de enero y mayo de 2002 al Gobierno de Estados Unidos para que los vuelos de la CIA con prisioneros talibanes hiciesen escala en suelo español en caso de emergencia. Algo que no se produjo. Estos vuelos utilizaron para llegar hasta Guantánamo el pequeño espacio aéreo internacional que hay sobre el Estrecho de Gibraltar.
Es más, llegó a afirmar que la autorización de enero de 2002 del Gobierno de Aznar estaba amparada por una resolución de la ONU bajo cuyo paraguas se inició la intervención en Afganistán y que, como esa autorización se produjo "antes" de que se iniciara el "proceso de deterioro de Guantánamo", él carecía de elementos jurídicos para acusar al Ejecutivo de Aznar.
Según dijo, tras esta autorización, hasta cinco aeronaves norteamericanas (cuatro C-17 y un C-101) estuvieron en la base conjunta de Morón de la Frontera (Sevilla) por si alguno de esos vuelos tenían una emergencia. Estos aviones de transporte estuvieron de enero a marzo, se retiraron dos meses antes de que terminase el plazo de permiso concedido por las autoridades españoles.
Sobre las trece escalas de aviones norteamericanos en suelo español, el ministro dijo que los mismos eran aviones del ejército norteamericano, y que en ninguno de ellos se trasladaba a prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta el penal de Guantánamo, un hecho que fue certificado tanto por las autoridades norteamericanas como españolas.
Moratinos reconoció que el documento hecho público por El País no se encuentra en los archivos del ministerio de Exteriores. Según dijo, en el registro de salidas de documentos del ministerio existe una referencia al mismo. Pero también dijo que durante la búsqueda del mismo se localizaron documentos posteriores en los que se habla de la autorización del Gobierno Aznar para las escalas de estos vuelos. Uno de estos documentos, que ya ha sido remitido a la Audiencia Nacional, es el más concluyente. La nota concluyente está fechada el 11 de enero de 2002 bajo el título "Solicitud de Estados Unidos de escalas aéreas en caso de emergencia", con membrete del entonces secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte. En este documento, se decía literalmente:
"En conversación con el secretario de Estado de Política Exterior (Miquel Nadal) y con el director general de Norteamérica (Miguel Aguirre de Cárcer), así como con el Gabinete de Política Exterior del presidente del Gobierno se ha acordado que Exteriores contestaría afirmativamente a la petición norteamericana. Se añadiría que nuestra preferencia, de acuerdo con las indicaciones del presidente de la sección española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, es que se utilice la base de Morón. El almirante Calvo ha añadido que desde el 6 de enero se encuentran en el citado aeropuerto militar cuatro aviones de transporte C-17 que podrían servir para dicha tarea de traslado en caso de avería de los aviones provenientes de Afganistán. En todo caso podría el ministro (Josep) Piqué –de Exteriores– comentar este tema al ministro (Federico) Trillo-Figueroa –de Defensa– en algún próximo contacto".
Este documento también cita textualmente el informe publicado por El País en el que ya se dejaba entrever la concesión de la autorización, firmado por Aguirre de Cárcer el mismo día, y que ya no está en los archivos de Exteriores.
El PP se mostró satisfecho con las explicaciones que dio el ministro de Exteriores sobre los vuelos de la CIA. El diputado Gustavo de Arístegui afirmó que "tenía la convicción moral" de que los vuelos de la CIA que supuestamente aterrizaron en aeropuertos españoles no incurrieron en ninguna vulneración de los derechos fundamentales, "ni en el Gobierno anterior ni en éste".
"Antes y ahora", dijo el parlamentario del PP, "estábamos convencidos" de que todos los vuelos cumplían con el acuerdo suscrito con Estados Unidos "y no contravenía" ninguno de los convenios que suscribió España en relación con el respeto a los derechos fundamentales.
De Arístegui, satisfecho con las explicaciones del ministro, señaló en la comisión que ninguno de los once vuelos sometidos a investigación judicial –dos realizados durante el Gobierno de Aznar y once con el de Zapatero– violó derechos fundamentales y no hay pruebas de que éstos trasladaran terroristas islamistas.