La ministra ha negado que se tratara de una "legalización" por parte de Medio Ambiente, y recordó que la concesión que tiene el periodista fue otorgada por el ex ministro Jaume Matas, y en ella se dice que "ésa es una piscina que debe tener un uso público". La ministra explicó también a la prensa que se regulará su uso público por razones solicitadas desde el propio Ministerio del Interior e "inherentes" a su titular, "pero que de alguna manera son contempladas para regular el uso público para el resto del año".
"Por lo tanto, lo que hace el Ministerio es cumplir la ley con sujeción a criterios de seguridad pública que tenemos que tener en cuenta y dentro de un programa que afecta a todo el litoral español pero en particular el programa que tenemos previsto desarrollar en la Costa de los Pinos y otras zonas del litoral balear, donde existen muchos casos no de piscinas con concesión legal como es ésta, pero donde también hay piscinas y embarcaderos que ni siquiera tienen una concesión legal", recalcó la ministra a la prensa, tras la presentación del II Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de CO2.
La resolución dictada por Medio Ambiente detalla que los escolares podrán usar la piscina durante dos horas al día los meses de mayo, junio, septiembre y octubre, en grupos de diez y acompañados por un monitor. El acceso se hará "por un sendero que llega hasta la terraza de la piscina y a través del propio domicilio del gestor", que deberá asumir el coste correspondiente "al mantenimiento de un empleado que abrirá la finca a los usuarios y les acompañará hasta la piscina" además de tener que transformar un trastero en aseo.
La piscina ya fue escenario de una protesta el pasado 13 de agosto de 2005, cuando un grupo de personas, entre las que se encontraban el diputado de ERC en el Congreso Joan Puig y el presidente de ERC en las islas Baleares, Joan Lladó, irrumpieron en la zona de la piscina argumentando que se trataba de un lugar público y mantuvieron un enfrentamiento con los escoltas de Ramírez.
El Tribunal Supremo admitió a finales de junio de este año a trámite la querella que presentó entonces Ramírez contra Puig por los presuntos delitos de coacciones o de usurpación tras irrumpir en la piscina de su vivienda de veraneo en Mallorca.