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CENTRO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTITERRORISTA

Nuevas medidas contra el terrorismo islámico: 600 agentes, traductores y mayor control de datos

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha anunciado que el Gobierno triplicará en año y medio los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional dedicados a la lucha contra el terrorismo islámico, hasta alcanzar la cifra de 600. Asimismo, ha informado de la reciente creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), en el que trabajarán entre 30 y 40 miembros de la Benemérita, la Policía y el CNI.

José Antonio Alonso, ministro del Interior
L D (EFE) Alonso compareció este lunes ante la Comisión de Interior del Congreso, donde dio cuenta de tales novedades y explicó las líneas generales que seguirá su Departamento. El objetivo prioritario será –aseguró– la lucha contra los terrorismos etarra e islámico. El ministro dijo estar convencido de que el terrorismo vinculado a Al-Qaeda ha alcanzado una "importante dimensión" en España tras los atentados del 11-M, y detalló las medidas que se adoptarán para prevenirlo y combatirlo.
 
Así, anunció que se crearán unidades mixtas en el ámbito rural y en las pequeñas ciudades para combatir la delincuencia relacionada con extranjeros y vinculada al terrorismo. Además, se reforzarán las estructuras existentes en zonas especialmente sensibles, como Madrid, Cataluña, Levante, Murcia, La Rioja, Navarra y Andalucía.

También se incrementará el personal de traducción e interpretación, especialmente del árabe, y se estudiará dotar a los efectivos policiales dedicados a la lucha contra el terrorismo islámico tanto de un estatus específico –similar al de los GEO o los TEDAX– como de incentivos profesionales y retributivos.

Alonso informó de la puesta en marcha, hace unos días, del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), al que quedarán adscritos entre 30 y 40 funcionarios especializados de la Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Éstos tendrán por cometido captar la información de las bases de datos nacionales e internacionales, analizarla y coordinar los operativos. Además, se potenciarán los grupos especializados en financiación y ciberterrorismo, y se creará un órgano judicial/fiscal especializado en terrorismo internacional.
 
El Ministerio del Interior establecerá una Brigada Central de Expulsiones, con sede central en Madrid y delegaciones en las provincias con mayor número de inmigrantes, cuyo objetivo será unificar criterios para la expulsión de inmigrantes ilegales.

Por lo que hace a las iniciativas legislativas, Alonso reveló que se elaborará una ley que desarrolle la de Protección de Datos, para abrir la posibilidad de acceder a informaciones necesarias para la seguridad del Estado y la lucha contraterrorista. Asimismo, se pretende posibilitar el control de envíos de fondos y transferencias electrónicas, para evitar que los grupos terroristas se sirvan de organizaciones sin ánimo de lucro como fuente de financiación. Así, se ampliará el fichero de la central de riesgos del Banco de España para identificar a los titulares de los productos financieros "potencialmente peligrosos para la seguridad del Estado", dijo el ministro.

Se quiere también desarrollar la ley de Telecomunicaciones, con el objeto de exigir a las operadoras que colaboren en la identificación de las tarjetas pre-pago, y mejorar la legislación sobre el control de explosivos. Además, se establecerá un mayor control en materia de hospedajes, alquiler de vehículos o confección de placas de matrícula.

Alonso destacó la necesidad de mantener la colaboración internacional en la lucha antiterrorista –especialmente con Francia y los países del Magreb, sobre todo Marruecos–, y defendió la conveniencia de poder acceder a información de organismos y empresas privadas en cuestiones como pasajeros de vuelos, vehículos transportados por barco, seguros obligatorios de coches o compañías de telecomunicaciones, siempre con la máxima garantía y respeto a las normativas vigentes.

Respecto al terrorismo de ETA, Alonso dijo que se insistirá en la política de los últimos años, centrada en una "intensa lucha de carácter integral" contra la banda terrorista en todos sus frentes, "incidiendo básicamente en el nivel operativo, pero sin olvidar otros apartados como los entramados financieros, políticos o internacionales”.
 
En cuanto al Pacto por las Libertades, el ministro afirmó que el Gobierno quiere mantenerlo en vigor, sin dejar de “explorar” formas para adaptarlo a los retos del terrorismo internacional. Asimismo, aseguró que se mejorará la atención a las víctimas del terrorismo y se explicará periódicamente a los grupos parlamentarios en qué estado se encuentra la lucha antiterrorista.

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