L D (Agencias) Según informaron fuentes del Ministerio Público, la rebaja general de penas se debió a que "han pasado muchos años desde que se produjeron los hechos" y admitieron "dificultades de prueba" para lograr la condena de los acusados.

La Fiscalía avanzó este jueves  que no recurrirá la sentencia derivada de esta conformidad ante el Tribunal Supremo y que la condena de estos procesados queda en suspenso hasta dentro de cinco años, es decir, que si dentro de ese plazo de tiempo alguno de ellos fuese condenado por otra cuestión relativa al terrorismo, cumpliría ambas penas.

En la vista, celebrada en la Sección Primera de la Sala de lo Penal, acudieron 11 de los 14 procesados: José Ramón Acedo Espina, Zigor Bravo Sáez de Urabain, Susana Achaerandio Alesanco, Joseba Gorosarri Ramos, Enrique Celestino Uriarte Alonso, Daniel Gutiérrez Pérez, Aitor Durán Ruiz de Eguino, Sendoa Domínguez Moreno y Jokin Cerain Alvarado, Juan Antonio Cortés de Luis –ex miembro del grupo Basurde de ETA– y Unai Romano, que presentó una denuncia por torturas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras ser detenido en septiembre de 2001.

Camisetas con mensaje

Precisamente, los procesados lucieron este jueves en la vista camisetas con la leyenda "Stop Tortura" y fotos de Romano con el rostro supuestamente magullado. No obstante, fuentes fiscales aseguraron haber pactado durante la negociación de conformidad que los acusados realizasen ningún tipo de protesta o profiriesen consignas ante el tribunal, los medios de comunicación o el nutrido público de familiares presente en la sala de vistas.

Todos ellos se limitarion a manifestar ante el tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández de Prado, su conformidad con la reducción del fiscal a cambio de admitir los hechos que se les imputan.

En concreto, lo que admitieron este jueves estos procesados son las acusaciones del fiscal, quien sostiene que este grupo etarra fue formado por Subijana Izquierdo, alias "Txampi" y "Kepa", siguiendo las órdenes de ETA. Por ello, Gordillo les imputa un delito de integración en organización terrorista aplicando diversas atenuantes, entre ellas la de confesión y la de dilación indebida.

Además de los citados objetivos, los acusados disponían –según la versión del fiscal admitida por los procesados– de informaciones manuscritas sobre vehículos y políticos del País Vasco. Cerain Alvarado, por ejemplo, informó a Vallinas Aduna sobre un despacho de abogados cuyo titular era militante del Partido Popular (PP) con el fin de que la banda terrorista atentase contra él.

Del acuerdo de conformidad alcanzado este jueves, quedaron excluidos otros miembros del comando como Juan Carlos Subijana Izquierdo, quien ya fue juzgado en Francia por estos hechos, Raúl Vallinas Aduna e Iván Sáez de Jáuregui Ortigosa, declarados en rebeledía desde el inicio de la instrucción y Jon Echeverría Oyarbide, quien hoy no se presentó a la vista. Para este último el fiscal solicitó la medida de prisión, aunque matizó que también se le aplicará la conformidad.

De este modo, el único de los 14 procesados que cumplirá la pena de dos años en prisión es Zigor Bravo –quien este jueves compareció esposado– al contar con antencedentes penales derivados de una condena por terrorismo callejero que cumple en la actualidad.