LD (Europa Press) El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado este martes en libertad sin medidas cautelares a otros seis imputados en la causa en la que investiga la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias desmantelada con la 'Operación Cacería', lo que eleva a 21 el número de acusados que han eludido la prisión después de comparecer ante el magistrado, según informaron fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que tomó declaración a los seis imputados durante casi dos horas y media, dictó la libertad sin comparecencias para todos ellos de acuerdo con la petición formulada por las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell. En todo caso, mantiene su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y fraude fiscal.

El último en comparecer en la Audiencia Nacional fue Jesús Calvo Soria, profesor de Marketing en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. A su salida del juzgado, aseguró que nunca tuvo relación con el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y que sólo conocía a su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, porque coincidió con ella en un trabajo.

Calvo Soria estuvo implicado en una investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla sobre presuntos sobornos que habrían sido pagados por una empresa de construcción madrileña de su propiedad a miembros del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), aunque la causa fue sobreseída en 2006.

También testificó ante el juez Guillermo Martínez Lluch, que en el año 2000 era consejero de Bancaja Eurocapital Financia y fue director de esta entidad bancaria en su sucursal de Miami (Estados Unidos). Durante su declaración, aseguró desconocer los movimientos bancarios que pudieran haber realizado los integrantes de la presunta trama.

Los otros cuatro imputados que comparecieron en el juzgado fueron Francisco Javier Pérez Alonso, miembro de los consejos de administración de las empresas de la trama Orange Market, Proyectos Financieros Fillmore y Caroki; el abogado Manuel Delgado Solís, el empleado de su bufete José Antonio López, 'Pepechu'; y Juan Pérez Mora.

Sólo tres imputados, entre rejas

Desde que comenzó la instrucción, el juez Garzón ha decretado la prisión de los tres presuntos cabecillas de la trama: el empresario Francisco Correa, que, según el juez, aprovechaba sus contactos para obtener contratos y adjudicaciones en administraciones del PP de Madrid y Valencia; Pablo Crespo, encargado de la dirección de las empresas del grupo; y Antoine Sánchez, primo de Correa y supuesto encargado del blanqueo de los capitales obtenidos por la organización.

Otros 21 de los 37 imputados han quedado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales, incluyendo los seis citados hoy. Las tres primeras fueron la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; Felisa Jordán, administradora única de las empresas de la trama Good and Better y Easy Concept; y Carmen Luis Cerezo.

El juez también ha dejado en libertad al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'; el consejero delegado de esta empresa, Cándido Herrero; el financiero de Correa, José Luis Izquierdo; su chófer, Andrés Bernabé; Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag; y Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.

También han eludido a la cárcel tras comparecer ante el juez Mónica Magariños Pérez, apoderada de Orange Market, filial valenciana de Special Events; Joaquín García Mármol, responsable de Special Events; y Guillermo García Coello, vinculado a Easy Concept y Pasadena Viajes; Antonio Herrera González, vecino de Correa; David Luis Cerezo y Paula Seco de Herrera López.

Los interrogatorios continuarán este miércoles, con las comparecencias de los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente. También acudirán a declarar el empresario José Luis Ulibarri, Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y un empleado del bufete de abogados Blanco-Guillamot