Cuando un editorial de El País aconseja a un juez no es que su autor tenga vocación de asesor jurídico o tenga una sincera preocupación por el acierto del juez en cuestión. Sucede siempre que algún magistrado instruye una causa sobre las cloacas del Estado que, siempre, afectan a un gobierno socialista. Primero en los GAL –el juez Gómez de Liaño lo sufrió en sus propias carnes– más recientemente con el 11-M y este miércoles le ha llegado el turno al juez Pablo Ruz por el chivatazo. Una versión periodística del "tengo una oferta que no podrá rechazar".
En su editorial principal titulado "Faisán" a secas –después de meses silenciando el auto, sin dedicarle una sola línea– el diario de Cebrián intenta, primero, justificar lo injustificable con argumentación bastante burda, como que "si el proceso de paz intentado por el Gobierno en 2006 hubiera tenido éxito, es más que probable que nadie hubiera pedido explicaciones", o subrayar que los negociadores del Gobierno "son personas particulares que actuaron como interlocutores", o la peregrina interpretación de los hechos como un aplazamiento, no la suspensión de las detenciones". En su afán por justificar lo injustificable, El País pretende que los gravísimos delitos que se investigan se conviertan en una "mala estrategia" del Gobierno o simples "errores políticos".
Pero es en ‘aconsejar’ al juez en lo que pone más afán Prisa. El adjetivo que utiliza para calificar su actuación es más que revelador: "más que inquietante".
Está por ver el sentido y el objetivo de esa iniciativa judicial, pero resulta más que inquietante que el motivo de la misma sean unos papeles incluidos en la parte del sumario secreta hasta ayer, que se presentan como actas de esas conversaciones, autorizadas.
Tarjeta roja a Del Olmo
El ejemplo más reciente de este modus operandi prisaico lo encontramos en la instrucción del 11-M. El 28 de enero de 2006 y la consigna en El País era que el juez Del Olmo cerrase la instrucción del caso cuanto antes.
En un editorial titulado, "Tarjeta roja", exactamente igual que en el caso del chivatazo, el diario no muestra el menor interés en que la investigación conduzca al esclarecimiento de los hechos, sino todo lo contrario. Lo importante, antes y ahora, para este periódico es que las aguas fecales de las cloacas del Estado no salpiquen al Gobierno socialista:
Del Olmo tenía previsto antes del pasado verano juzgar a un tercio de los imputados, pero el afán de agregar más y más datos ha ido retrasando el procesamiento hasta el extremo de que algunos de los imputados podrían salir de su internamiento antes del juicio, con el consiguiente riesgo de fuga.
Y, de nuevo, son su estilo inconfundible ‘aconsejaba’ a Del Olmo:
Casi dos años después de la matanza que causó 191 muertos a manos de integristas islámicos, el magistrado aún no ha dictado auto de procesamiento sobre el caso, en el que figuran 116 imputados, 27 de los cuales se hallan en prisión preventiva. Si no se pone remedio, la mayoría de los encarcelados puede quedar en libertad antes de que se celebre el juicio. (...) Alguna vía legal habrá de contemplarse para evitar que se produzca este efecto escandaloso...