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El responsable del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional no ha considerado la posibilidad de fijar medida cautelar alguna porque, según ha argumentado en un auto, el delito de enaltecimiento del terrorismo "no lleva aparejada pena grave" y no constata el riesgo de fuga puesto que la alcaldesa ha acudido voluntariamente al juicio y tiene fijado un domicilio en España.
Beitialarrangoitia, para la que el fiscal de la causa, Ignacio Gordillo, ha pedido comparecencias quincenales, ha insistido en que ella no nombró en ningún momento a ETA ni pretendía apoyar a la banda armada cuando pidió un aplauso para los etarras Ibon Portu y Martín Sarasola, detenidos el pasado 6 de enero.
Ha hecho hincapié en que lo que pretendía era denunciar los indicios de tortura que se produjeron durante el arresto de los dos, ya que Portu permaneció ingresado varios días en el hospital a causa de las heridas producidas como consecuencia de su detención.
Durante el interrogatorio las mismas fuentes han dicho que la alcaldesa ha sido preguntada por si esos mismos sentimientos que tenía hacia los presos de ETA también los experimentaba hacia las víctimas del terrorismo, a lo que ella respondió "que tiene muchos sentimientos en su cabeza".
El fiscal ha solicitado una copia de la declaración de la alcaldesa para incluirla en la causa de ANV que instruye el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional y que va encaminada a la posible suspensión de actividades de este partido por sus presuntas vinculaciones con la ilegalizada Batasuna.
En un comunicado, el delegado del Gobierno estima que la decisión del Ayuntamiento de Hernani, tomada con los votos de ANV, "supone una afrenta intolerable a las víctimas de ETA, que ven cómo una dirigente política y responsable municipal, que jalea y pide el aplauso para dos presuntos miembros de ETA acusados de crímenes y atentados execrables, recibe el apoyo económico y moral de una institución municipal".
Para Luesma, "la sorpresa y el rechazo que generan en la sociedad actuaciones de este tipo no pueden quedar impunes". Por ello, el Delegado del Gobierno pondrá en conocimiento de la Justicia la decisión del Ayuntamiento de Hernani, "por si pudiera ser constitutiva de un ilícito penal o vulnerar de otra manera el ordenamiento jurídico".
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