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LA FISCALÍA QUIERE APLICAR EL CÓDIGO PENAL DE 1975

Piden 1.243 años de cárcel para los etarras Olarra y Múgica por atentado de Vallecas en 1995

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota pidió este jueves 1.243 años de prisión para los ex dirigentes de la organización terrorista ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi por el atentado perpetrado en 1995 en el barrio madrileño de Vallecas, que causó seis muertos. En un principio solicitaba 986 años para cada uno de los acusados, pero en el juicio celebrado hoy modificó sus conclusiones para solicitar la aplicación del Código Penal de 1973, vigente en el momento de los hechos.

L D (Agencias) El fiscal acusa a Olarra, ex jefe de los pistoleros de ETA, y a su lugarteniente, ambos miembros del "grupo Madrid" en la fecha del atentado, de pertenencia a organización terrorista, seis asesinatos, 44 tentativas de asesinato y estragos terroristas.

En la sesión de hoy, los peritos policiales ratificaron que el 11 de diciembre de 1995 un vehículo robado estacionado en la calle Peña Prieta y cargado con unos 50 kilos de amosal reforzado con 2,5 kilos de exógeno o dinamita explosionó causando la muerte de los seis funcionarios civiles de la Armada que ocupaban una furgoneta que previamente habían vigilado, además de numerosos heridos.

"Al llegar nos encontramos con un escenario dantesco de cadáveres destrozados", explicó uno de los expertos policiales, quienes relacionaron a los acusados con este atentado por diversas pruebas halladas en diciembre de 1996 en un piso de la calle Doctor Fleming de la capital.

En la vivienda localizaron, entre otros efectos, la matrícula del vehículo usado para el atentado, así como las huellas dactilares de Olarra y Múgica y anotaciones manuscritas de ambos.

Para llevar a cabo el atentado, los policías afirmaron que los acusados realizaron seguimientos los días 14 y 21 de septiembre de 1995 y el 5 de octubre del mismo año de la furgoneta en la que viajaban los seis funcionarios de la Armada, que se plasmaron en anotaciones manuscritas en formularios impresos encabezados por la leyenda "Archivo General (Seguimientos)".

Hoy también declaró Santiago Esteban Rodríguez, hijo de uno de los fallecidos por este atentado, quien dijo que todos los asesinados eran civiles que trabajaban como electricistas, chapistas u otras profesiones para la Dirección General del Estado.

"Aquel día entró en mi casa la oscuridad, el silencio, el dolor, la desesperanza. No sólo mataron a mi padre, mataron a mi mejor amigo, a mi confidente, a la persona que más queríamos", manifestó este testigo, que aseguró que a raíz del atentado su familia sufrió "una fuerte desestructuración" hasta el punto de que uno de sus hermanos sufre esquizofrenia paranoide.

Ambos acusados se negaron hoy a declarar por considerar que el tribunal no tiene ninguna legitimidad para juzgar a terroristas de ETA. El juicio finalizará mañana con las lecturas de los informes del fiscal, del abogado del Estado y de otras tres acusaciones particulares.

Por otra parte, antes de que comenzase la sesión de hoy, el juez Fernando Andreu tomó declaración a Olarra por su posible participación en la explosión de un artefacto en el cuartel de la Guardia Civil de Irún en 1991.

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