Nuevo día gris para el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras conocerse las cartas donde el instructor pedía personalmente al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que patrocinase los cursos que impartió durante los años 2005 y 2006 en la Universidad de Nueva York, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea han presentado este jueves una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial para que investigue este extremo.

La infracción estaría en que cinco meses después de reincorporarse a su juzgado de la Audiencia Nacional, Garzón inadmitió una querella contra su patrocinador. Desde el punto de vista jurídico la clave de la cuestión reside en que el magistrado no se abstuvo a la hora decidir sobre la admisión o el rechazo de esta querella contra el presidente del Santander.

Por eso ahora, los abogados que ejercen la acusación ante el Tribunal Supremo contra el juez por los cobros que éste obtuvo por dirigir unos cursos en la universidad norteamericana han pedido este jueves al Consejo la apertura de un expediente disciplinario al magistrado y su suspensión cautelar por una falta muy grave por no haberse abstenido.

Los letrados, José Luis Mazón y Antonio Panea, basan su denuncia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la documentación remitida el pasado lunes al Alto Tribunal por parte del Banco Santander. Dichos escritos evidencian que Garzón pidió directamente los 302.000 dólares que necesitaba para la organización de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York.

A dichas conferencias, Garzón invitó a la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos Condoleeza Rice, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg y Rodrigo Rato, que ocupaba en aquel momento el cargo de director del Fondo Monetario Internacional.

Dos frentes, un mismo juez

De probar la Justicia este extremo se confirmaría que el instructor habría incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por inobservancia del deber de abstención ya que, a su vuelta a España tras el permiso de estudios en Estados Unidos, archivó una querella contra directivos del Santander.

De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.

En el escrito entregado este jueves al CGPJ los querellantes recuerdan que el propio Garzón, cuya presunta responsabilidad disciplinaria por este asunto ya fue investigada anteriormente y archivada por el Consejo, sin previa práctica de diligencia alguna- negó en este procedimiento anterior guardar ninguna relación con el Santander y sus directivos. El juez alegó al poder judicial que él no tenía que abstenerse al “no haber relación directa, ni indirecta, ni de carácter económico con la entidad”. Según loa abogados, "ahora sale a flote que mentía", afirman.

En su queja, los letrados señalan que “el denunciado no debe seguir ejerciendo funciones judiciales tras ponerse al descubierto tamaña vulneración de la deontología judicial”. Añaden, Mozón y Panea que “el Consejo sufre de anestesia olfativa que le impide darse cuenta del lado podrido de la Justicia y reaccionar, al menos con este juez personaje tan influyente”.

Si el Consejo decide finalmente admitir a trámite la denuncia contra el juez, algo que fuentes jurídicas han calificado como "muy probable" Garzón estaría siendo investigado por el caso de l2os cobros de Nueva York" tanto por la via penal (actualmente, el Supremo está pendiente de aceptar o rechazar la querella interpuesta por prevaricación) como por la vía administrativa, ante el gobierno de los jueces.

Fuentes del CGPJ han explicado que este tema no se ha tratado en la sesión plenaria que ha tenido lugar este jueves en la sede del Poder Judicial.