LD (Ángela Martialay) El pasado miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dio un nuevo revés al juez Fernando Ferrín Calamita, titular del juzgado de Familia número 9 de Murcia, suspendido de empleo y sueldo por el supuesto retraso malicioso en la tramitación de una adopción por parte de una pareja de lesbianas. Ese día se archivaron las dos denuncias presentadas por el magistrado contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Martínez Moya.

En los escritos de denuncia presentados al órgano de gobierno de los jueces por la defensa de Ferrín Calamita se criticaba la actuación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, en el expediente disciplinario abierto al juez y en la admisión de la querella presentada contra el mismo.

“Un católico no puede estar al frente de un Juzgado de Familia”

Según ha declarado a Libertad Digital el abogado del juez expedientado, Javier Pérez-Roldán, Martínez Moya llamó en tres ocasiones a Ferrín Calamita “faltándole el respeto y atacando a su independencia judicial”. El magistrado asegura que el Presidente le dijo que “un católico no puede estar al frente de un Juzgado de Familia”. Además, Calamita ha declarado que Martínez Moya lo amenazó con abrirle expediente sino atendía una de sus llamadas.


Tras estas denuncias, ahora archivadas, el presidente decidió en los primeros días de octubre abstenerse en todo lo referido al enjuiciamiento de Calamita, aunque rechazó los términos de las denuncias, que, afirmó, "están carentes de veracidad, manipulados y huérfanos de respeto y consideración gubernativa y jurisdiccional". Asimismo, señaló en su escrito de abstención que "en ningún momento, ni antes ni ahora, me encuentro afectado en mi imparcialidad, ni subjetiva ni objetiva, para conocer del asunto".

Por 10.000 euros

Cuando el caso salió a la luz pública, el magistrado estuvo de baja médica porque padecía depresión y estrés. Ahora, afirma encontrarse mejor anímicamente, aunque se considera víctima de una campaña de acoso y derribo.

Ahora, el juez Calamita está sometido a un proceso judicial en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia a raíz de la querella presentada por la mujer lesbiana que lo acusa de retrasar la adopción de una menor, hija de su compañera sentimental, por sus creencias religiosas. A día de hoy, el magistrado titular del juzgado de Familia de Murcia sigue negando dicho retraso del expediente y, además, denuncia que ha habido irregularidades en el proceso. Como por ejemplo, que la defensa de las lesbianas le pidieron 10.000 euros al juez para que se quitase la querella. Chantaje que Calamita no aceptó.

Como cuestión de fondo el abogado de Ferrín Calamita señala que éste recabó varios informes “para plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la norma que permite que un matrimonio de personas del mismo sexo puedan adoptar”, asunto que según su abogado “pudo inquietar a ciertas personas”. Dicha cuestión no llegó a plantearse porque el juez fue suspendido en sus funciones. Según han confirmado fuentes del Constitucional, no hay cuestión alguna de este carácter interpuesta en dicho tribunal.

El juez puede ser apartado definitivamente de la carrera judicial

En febrero de 2008, la Comisión Permanente del Consejo le suspendió cautelarmente al admitier a trámite la querella que presentó la adoptante contra él. Era la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces suspendía a un juez a instancia de una de las partes y no del propio fiscal. Tras varios meses alejado de su puesto de trabajo, Ferrín Calamita ha pedido al CGPJ que deje sin efecto su suspensión porque, según alega, él y su familia, compuesta por nueve personas, no pueden subsistir.

Si la querella interpuesta contra el magistrado por la pareja de lesbianas se archiva, el Consejo lo devolverá a sus funciones. Pero si ésta prospera, el juez será expulsado de la carrera judicial.