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A LOS TSJ DE MADRID Y VALENCIA

Pumpido pedirá que la operación Cacería siga dependiendo de Anticorrupción

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pedirá a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia que la operación Cacería continúa en manos de la Fiscalía Anticorrupción. De esta forma, las fiscalías de los TSJ de Madrid y Valencia no asumirán la investigación.

El Fiscal General del Estado.
LD (Europa Press) La Fiscalía que encabeza Cándido Conde-Pumpido pedirá que los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid (TSJM) y Valencia (TSJCV) asuman la investigación sobre la presunta trama de corrupción en administraciones de estas dos comunidades desmantelada a raíz de la Operación Cacería pero que ésta continúe dependiendo de la Fiscalía Anticorrupción.

La representación del Ministerio Público en los dos tribunales defenderá este planteamiento después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, haya dictado un decreto en el que ordena a la Fiscalía Anticorrupción que continúe con las actuaciones, que han llevado a cabo desde el comienzo de la instrucción las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura.

Garzón se inhibió de la causa en favor de estos dos tribunales en dos autos dictados el pasado 5 de marzo en los que aseguraba haber encontrado indicios de responsabilidad penal en cinco aforados del Partido Popular (PP), en referencia al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; el secretario general de esta formación en Valencia, Ricardo Costa; el ex consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Ante la posibilidad de que haya aforados compete a los Tribunales Superiores de Justicia investigar la causa.

Ponentes para la admisión o inadmisión

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha designado al presidente de este órgano, Francisco Javier Vieira Morante, magistrado ponente para el auto en el que se decidirá sobre la admisión o inadmisión de la inhibición planteada por el juez Baltasar Garzón. Una vez que cuente con el informe de la Fiscalía, la Sala dictará un auto en el que decida si acepta o no asumir el procedimiento y en qué términos, es decir, si se queda con la totalidad de la causa o sólo con la parte que implique a los tres aforados madrileños.

La Sala de lo Civil y Penal está formada por los magistrados Vieira, Emilio Fernández Castro, Antonio Pedrería y José Manuel Suárez Robledano. Según el TSJM, el nombramiento del presidente del TSJM como ponente se ha producido conforme al cumplimiento estricto de las normas de reparto.

En Valencia el magistrado José Flors será el ponente del auto que establecerá si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es competente o no para asumir la causa, tal y como decidió la Sala de lo Civil y Penal de este tribunal.

Un nuevo instructor

Una vez aceptada la causa, los tribunales designarán a un instructor --queda excluido el presidente y el ponente del auto de admisión--, que será el que se ponga al frente de las diligencias. El instructor podrá pedir práctica de pruebas y tomar declaración a imputados y testigos. Sobre los interrogatorios ya realizados por Baltasar Garzón, podrá darlos por buenos o bien repetirlos.

Los posibles recursos que se interpongan a lo largo de la instrucción podrían obligar a formar una nueva Sala al quedar contaminados sus magistrados. Uno de los principios generales del Derecho establece la imposibilidad de que el juez que instruye la causa pueda juzgar el mismo procedimiento. Las impugnaciones que se hagan serán estudiadas por uno de los magistrados de la Sala de lo Civil, lo que les contaminará para participar en la investigación.

Una vez finalice la instrucción, se dictará auto de apertura de juicio oral o bien auto de archivo de la causa. Si finalmente se procesa a personas aforadas, el caso será juzgado por esta misma Sala de lo Penal y de lo Civil, de la que se excluirá al instructor.

 


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