En la misma comunicación, se remite a la Fiscalía de Madrid "para su valoración conjunta", los documentos relativos a las informaciones sobre el patrimonio del presidente de la cámara baja, como el remitido por el constructor Rafael Santamaría "explicativo de sus relaciones con la familia Bono", así como los entregados por el PP, la asociación Preeminencia del Derecho (presidida por el abogado José Luis Mazón) y de la Liga Española Pro Derechos Humanos, solicitando una investigación de los citados bienes.
El contenido de estos últimos escritos, según la Fiscalía General no permite atribuir al presidente del Congreso "conducta delictiva alguna", según el mismo comunicado.
La denuncia de injurias, que fue presentada por Bono el pasado 13 de abril, se remite a la Fiscalía de Madrid "por ser este el órgano competente para conocer de la misma", a fin de que el departamento presidido por Manuel Moix "lleve a cabo las actuaciones que estime oportunas previa determinación de la legitimación del Ministerio Fiscal en atención a la naturaleza de las injurias supuestamente proferidas".
Denuncia del PP
El PP aportó diversos recortes de prensa ante la Fiscalía General del Estado para denunciar a Bono por "presuntas irregularidades y desajustes patrimoniales" del dirigente socialista, en especial sus "relaciones" con el constructor Santamaría.
Con su denuncia, los populares daban cumplimiento a lo que ya anunció el lunes el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, quien amenazó a Bono con dar este paso si no daba una explicación convincente sobre todo lo que se ha publicado.
En la denuncia, el PP se hace eco fundamentalmente de las informaciones publicadas en los últimos días en el periódico La Gaceta, sobre todo las noticias posteriores a que el propio Bono presentase ante la Fiscalía una relación detallada de su patrimonio y el de su familia, pidiendo actuar contra quienes le calumniaban.
Según el PP, "resulta evidente que no existe plena coincidencia entre los bienes declarados por Bono y los bienes que se le atribuyen" y que "existieron relaciones de naturaleza y alcance económico presuntamente irregulares y hasta la fecha absolutamente ignotas entre el presidente y un determinado constructor que fuera adjudicatario de obra pública al tiempo en el que Bono era presidente de Castilla-La Mancha".
En concreto, se refiere a las informaciones que apuntan a que el constructor Rafael Santamaría pagó la decoración de la casa de Bono en el municipio toledano de Olías del Rey y a que la empresa Reyal Urbis, propiedad del mismo constructor, también se hizo cargo de la decoración de la casa familiar de Salobre (Albacete). El PP, que también aporta el acta de la última Junta de Portavoces del Congreso en el que se reflejan los bienes y propiedades declarados por Bono, pide que su denuncia se añada al escrito que presentó el presidente del Congreso.
De esa forma, trata que la Fiscalía, además de atender las reclamaciones del presidente del Congreso, investigue también los "posibles desajustes patrimoniales" y la "relación presuntamente irregular" de Bono con Santamaría.