En el Partido Popular empieza a cundir la impaciencia, con grandes dosis de que "nos la están volviendo a jugar", sobre la forma de actuar del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la lucha contra ETA, en general, y en las herramientas utilizadas para ilegalizar a Sortu, su brazo político según Policía y Guardia Civil, en particular.
La dirección nacional del partido se muestra desconcertada por el baile de declaraciones en el PSOE, con voces proclives incluso a la negociación con la banda, así como por los tiempos pausados del Ejecutivo, que todavía no se ha decidido a barrer del mapa electoral a los proetarras.
Es por ello por lo que primero Mariano Rajoy, a puerta cerrada en el Comité Ejecutivo del PP, y después María Dolores de Cospedal, ya a micrófono abierto, han redoblado sus exigencias al Gobierno hasta el punto de convertirlas en un ultimátum: quieren ver ya ilegalizada la marca Sortu, y no esperar al 11 de marzo, plazo máximo que tienen la Fiscalía y la Abogacía General del Estado.
"Queremos pedirle al Gobierno la máxima diligencia", repitió en más de una ocasión la secretaria general del PP, que recordó como en 2007 el Ejecutivo permitió a Acción Nacionalista Vasca presentarse a los comicios.
Un toque de atención, elevado en decibelios con respecto al de días anteriores, cuando el responsable de Justicia del partido, y máximo interlocutor con Alfredo Pérez Rubalcaba, Federico Trillo, aseguró que a sus ojos el Gobierno no negocia con ETA.
Ahora, y a tenor de que ese mismo Gobierno sigue sin actuar, en el PP se inquietan, si bien aseguran que mantienen su respaldo, que tiene como prueba de fuego las elecciones de mayo.
Comparecencias de Caamaño y Pumpido
También en materia antiterrorista, Cospedal volvió a llevar el caso del bar Faisán a su retahíla de acusaciones hacia el Ejecutivo, habida cuenta de que -según dijo- es un capítulo "infame" que perjudicó a la policía en pro "de los etarras".
En este sentido, la número dos del PP avanzó que preguntarán al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el próximo miércoles en el Congreso, por este asunto, y en particular por la doble vara de medir de la Fiscalía.
Es por ello, continuó, por lo que el Grupo Popular también reclama la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien a su juicio tiene que dar explicaciones, además de por el chivatazo, por otros escándalos, como el de los ERES ilegales de Andalucía.