En Sevilla, en la clausura de la XV Unión Intermunicipal del PP, Mariano Rajoy anunció que su partido ofrecerá este domingo a las otras formaciones políticas 50 medidas para luchar contra la corrupción, entre ellas la reforma del Código Penal para endurecer las penas por esos delitos y ampliar los plazos de prescripción de los mismos.

Las propuestas, explicó, buscan "dignificar" la vida pública. Entre ellas están la prohibición a sus cargos de aceptar "regalos, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". "No queremos imponer nada a ningún partido, queremos hablar, que se discutan las cosas", dijo en un tono conciliador el líder del PP.

El líder del PP también consideró "injusto" extender "un manto de descrédito" sobre toda la clase política" y rompió una lanza en favor de la honradez de los 66.000 alcaldes y concejales del país y del resto de cargos públicos, porque sólo un 0,7 por ciento de éstos están siendo sometidos a investigación por supuestos casos de corrupción.

El caso Gürtel, de fondo

Aunque no hubo ninguna referencia al "caso Gürtel", el presidente del PP justificó estas propuestas alegando que su partido no tiene "nada que ocultar" y que el objetivo es lanzar "un buen mensaje" a la opinión pública española. A su juicio, hay que "reivindicar y hacer pedagogía" porque la política "es una actividad noble" y "la inmensa mayoría de los políticos son honrados". Muchas de las ideas recordaban a varios de los episodios vividos por el PP en los últimos meses en torno a este proceso, desde los trajes de Camps al cese de Bárcenas.

Entre las nuevas propuestas para un Pacto Anticorrupción (que se suman a las que el viernes hizo públicas el PP), Rajoy citó en primer lugar la de fortalecer la figura y función de los secretarios, interventores y tesoreros. Para ello, abogó por restablecer la "habilitación estatal de estos funcionarios" y reforzar sus facultades de "formular reparos de ilegalidad", así como garantizar la convocatoria de oposiciones hasta la cobertura de todas las vacantes.

Para fortalecer los controles institucionales internos, aseguró que hay que facilitar la creación de comisiones de investigación y aprobar códigos de buen gobierno en todas las administraciones locales, así como en sus organismos y empresas públicas. También propuso configurar el denominado ayuntamiento red para dar más transparencia a las decisiones del consistorio.

Con el propósito de incrementar la objetividad en la gestión pública, el presidente del PP defendió establecer como obligatoria la existencia de una comisión de vigilancia de la contratación en la entidad local y hacer que esa comisión esté presidida por un concejal de la oposición. En este capítulo de propuestas, incluyó también la de conferir carácter decisorio en la valoración de las ofertas a la más económica entre aquellas que superen el listón técnico mínimo, y garantizar el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad en los procesos de selección y promoción personal.

Igualmente, Rajoy apostó por adoptar medidas para evitar el fraccionamiento y la contención de contratos mediante el abuso de los contratos menores, prohibiendo la concurrencia de empresas del mismo grupo, excluyendo la limitación a las sociedades pantallas creadas ad hoc, dando publicidad a dichos contratos a través de la web institucional y trasladándolos a la Cámara de Cuentas. También pidió impedir que los ex concejales y ex altos cargos de la administración local y de las empresas municipales puedan contratar con ellos pasados dos años de su cese, relevo o dimisión.

En el apartado del acuerdo para "garantizar el respeto a la voluntad popular", aseguró que hay que limitar la presentación de mociones de censura durante el primer y último año de mandato en los ayuntamientos. En las mociones de censura y en la elección de alcalde, el PP plantea que el voto sea nominal y público.

Además, se mostró a favor de reformar el Código Penal, ampliando y endureciendo los tipos penales relativos a la corrupción, modificando y endureciendo las sanciones para cargos y empleados públicos para que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

La financiación de los ayuntamientos

En su discurso, Rajoy reprochó al presidente del Gobierno que siga sin plantear un a reforma de la financiación local, si bien recordó que esta semana el Congreso aprobó una moción -con los votos en contra el PSOE-- emplazando al Ejecutivo a presentar en 2010 un nuevo modelo de financiación de las Haciendas Locales.

Asimismo, culpó a Zapatero de ser el responsable de "reducir la calidad de prestación de servicios públicos de los ayuntamientos", que, según agregó, no pueden hacer frente a sus deudas. Y añadió que el "otro" Plan E que se ha aprobado "lo pagan los ayuntamientos". "Creo que lo urgente no es hacer muchas más aceras sino que los ayuntamientos puedan atender algunos gastos corrientes que son fundamentales para el mantenimiento de los servicios públicos y dar un poco de oxígeno a empresas y trabajadores autónomos", concluyó.