El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, opinó este martes que la solicitud del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de traslado al Tribunal Penal Internacional (TPI) como asesor externo de su Fiscalía "no tiene mucho que ver con otras polémicas" y que, por lo tanto, se trata de una "decisión personal". En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, consideró que la petición del magistrado es "sencillamente un trámite ordinario más" como también presentan "otros muchos jueces españoles".
A la pregunta de si esta solicitud se debe a la polémica suscitada por las causas abiertas en el Tribunal Supremo contra el juez, el ministro recordó que Garzón tiene "múltiples ofertas en distintos lugares y en distintos organismos internacionales", por lo que justificó que "debe dar cuenta" de cualquier decisión "personal" que tome. Además,, añadió, corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determinar si debe conceder "con arreglo a la ley" la petición que ha formulado el juez. Por lo tanto, insistió en que la solicitud seguirá su "curso y trámite procedimental correspondiente".
El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo afirmó que la petición de Garzón se produce "en un momento óptimo" ya que "cuenta con un apoyo explícito del fiscal" en la causa que se tramita contra él por una presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo. Además, recordó que su marcha "no tiene ninguna incidencia en el ritmo de los procesos" abiertos al juez ni significará la ralentización de los mismos. "Más bien lo contrario", observó.
Villarejo aseguró, en declaraciones a RNE, que el magistrado "se marcha en un momento en que la Fiscalía le está apoyando directamente, después de que ésta solicitará "directamente" el sobreseimiento de la causa por las víctimas derivadas de la Guerra Civil. "El fiscal ha hecho un dictamen muy fundado, riguroso y serio, pidiendo que se acabe ese proceso" por "razones obvias de nulidad de toda esa especie de artimañas que había entre el juez Varela y las acusaciones populares", señaló Jiménez Villarejo antes de referir que, en ese sentido, su petición se produce en "un momento óptimo".
El ex fiscal aclaró que dicha solicitud de traslado no ralentizará los procesos judiciales abiertos en el Supremo, sino "más bien lo contrario" puesto que seguirán "su curso". "Él sigue bajo el rigor y la persecución de que está siendo objeto en esos procesos. Ahí no cambiará nada. Lo que variará será la inmediatez física de estar en Madrid o La Haya", argumentó.
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ve a Baltasar Garzón como "un juez a la fuga" de la Justicia que "huye" al Tribunal de La Haya dejando tres "causas pendientes" en el Supremo, lo que, a su juicio no transmite una imagen "muy positiva" que contribuya a aumentar la confianza ciudadana en la Justicia.
En declaraciones a Europa Press, Díez expresó su respeto por los "derechos privados de la personas" y sus "opciones profesionales", pero recalcó que la posible marcha de Garzón la Tribunal Penal Internacional, aunque que la autorice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), transmite "una imagen perturbadora en términos democráticos".
"Es la sensación de un juez que huye de la Justicia, más allá de sus derechos particulares y opciones profesionales", resumió Díez, quien cree que lo van a percibir los ciudadanos es que se trata de "un juez que se escapa porque tiene causas pendientes de sus compañeros jueces". "No es una imagen muy positiva para confiar en la Justicia y sobre todo estando protagonizada por un alto magistrado de la Audiencia Nacional", apostilló.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, consideró que el CGPJ no debería autorizar el traslado del juez Garzón al Tribunal Penal Internacional dada su actual situación procesal. Su portavoz, Antonio García, recordó que el magistrado desarrollaría su trabajo en el TPI "nada más y nada menos que en representación del Estado y del propio aparato judicial español" y se preguntó qué pasaría si en el curso de una misión encomendada por el órgano internacional se dicta contra el juez de la Audiencia un auto de apertura de juicio oral, pues ello podría afectar a la imagen de la justicia española. Lo que sí afirmó el portavoz de la APM es que si se le concede el traslado, no se podría suspender a Garzón "porque no estaría en situación de servicio activo".
El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, señaló por su parte que "todo juez tiene derecho a un traslado y en un principio no habría ningún obstáculo" para conceder el permiso a Garzón "mientras no esté suspendido de sus funciones". "Los jueces tienen los mismos derechos que tienen el resto de los ciudadanos y cuando se celebre el juicio, tendrá que venir y punto", añadió.
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio Espinosa, dijo a que Garzón es "la persona idónea" para ocupar este puesto porque, según destacó, "lleva 22 años trabajando en la Audiencia Nacional, que es un tribunal especializado en la persecución de delitos internacionales y que, gracias a la legislación española, viene actuando como Tribunal Penal Internacional". "Es un auténtico honor que ofrezcan este puesto a un juez español", indicó.